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LA APDH PRESENTÓ UNA DENUNCIA PENAL POR LA REPRESIÓN EN LA TOMA DE LA ANGOSTURA

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Hace 10 meses, un grupo de personas de Villa La Angostura se instaló en un terreno céntrico que pertenece al Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN). Allí formaron una toma que denominaron «El Acampe». Vecinos de la localidad juntaron firmas para que la ocupación fuera desalojada, y tras eso se sucedieron dos operativos policiales de los que resultaron personas heridas. El último tuvo un gran despliegue de móviles policiales y de él resultaron imputadas ocho personas por distintos delitos. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Neuquén presentó en las últimas horas una denuncia penal, ante el fiscal general José Geréz, para que investigue el uso de la violencia.

En la denuncia realizada por la APDH, en tanto organismo que definde los Derechos Humanos, constan dos intervenciones policiales y del Ministerio Público Fiscal, en la que se habría ejercido violencia.

«La primera, habría ocurrido el pasado 7 de julio, en horas del mediodía, resultando varias personas que vivían allí heridas con balas de goma. Una de esas personas, se encuentra herida en su ojo con riesgo de perder la visión», relatan en la denuncia. Además, agregan que las personas violentadas intentaron radicar la denuncia en fiscalía y en la policía pero que no se les fue aceptada en ninguno de los dos organismos.

«Días después, el pasado 16 de julio, ocurrió un segundo operativo policial con la orden judicial del Juez de Garantías, Dr. Eulogio Nazareno, y a requerimiento del Fiscal Jefe de la Jurisdicción», señalan en la denuncia. Y detallan que «Dicho procedimiento tendría –presuntamente- como origen hechos de coacción denunciados contra personas que habitaban precariamente en el predio, y habría ocurrido en el marco de un legajo abierto anteriormente por el delito de usurpación».

Indican que en ese procedimiento del que participaron, al menos, 26 móviles de la policía, «habrían golpeado a personas que no impedían de ninguna manera el desarrollo del procedimiento» y describen que se habría incautado ropa, un grupo electrógeno y que también se habrían cortado las vías por las que los habitantes del lugar se abastecían de electricidad y agua. «Es decir, todos elementos que, claramente, no tienen relación con hechos relativos a amenazas o coacciones», subrayan.

Respecto de los hechos denunciados, desde la APDH resaltan: «entendemos que existe un serio conflicto relacionado con el derecho a la vivienda y con el derecho de propiedad y que el mismo debe alcanzar alguna solución. Pero esa solución no puede llegar violentando otros derechos, y en este caso, derechos humanos fundamentales».

Desde el organismo advierten que no pudieron identificar a los responsables de la represión, pero que les consta que fueron ejercidos por la polícia de Neuquén y que en ellos podría existir responsabilidad de la Fiscalía de Villa La Angostura.

«Entendemos que los hechos denunciados serían encuadrados en los delitos de abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público y lesiones; todos cometidos por funcionarios públicos», resumen sobre la calificación legal que podrían tener los hechos denunciados.

Para el avance de la investigación la APDH Neuquén le propone al fiscal Gerez una serie de diligencias para poder determinar lo sucedido y las responsabilidades de quienes participaron de los hechos denunciados. Entre ellas están las recabar material fílmico de medios y redes sociales, pedir informes a la policía, la incorporación de actas y documentación al legajo en el Ministerio Público Fiscal y la citación de personas para que brinden sus testimonios, para las cuales el organismo se ofrece a colaborar.

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¿Quién es Luigi Mangione, el detenido por el asesinato del CEO de una prepaga?

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Brian Thompson, CEO de la empresa de seguros de salud privada estadounidense UnitedHealthcare, fue asesinado la semana pasada en Nueva York, afuera de una reunión de inversores de su compañía. Luigi Mangione, de 26 años, fue detenido y acusado de ser el autor material del homicidio. 

Thompson y UnitedHealthcare.

Thompson estaba casado y era el CEO de la mayor aseguradora de salud de Estados Unidos. Su asesinato no generó apoyos generalizados sino más bien difundió la disconformidad de los ciudadanos con los servicios prestados por la compañía. En julio pasado, la firma ya había enfrentado una protesta que denunciaba que se le negaba el servicio de asistencia a algunos usuarios. Las quejas contra UnitedHealthcare no tienen un origen partidario. Thompson ya había recibido amenazas y en redes sociales recibía quejas de usuarios que denunciaban que su empresa no cubría los tratamientos que decía incluir, entre ellos, los relacionados a niños con cáncer. 

El ataque. 

Thompson fue asesinado el miércoles 4 de diciembre antes de las 7 de la mañana por múltiples disparos por la espalda, en las inmediaciones del Hilton Midtown Hotel, en la Sexta Avenida, en Manhattan. En las balas que asesinaron al CEO estaban gravadas con las palabras «denegar», «demorar» y «deponer», según le confirmaron a CBS News fuentes policiales. Las fuerzas investigan si estas inscripciones están relacionadas con el asesinato, ya que «demorar, denegar y defender» es una consigna común atribuida a las empresas de seguros médicos cuando se las cuestiona por demorar o evitar la prestación del servicio. Mangione fue detenido ayer luego de ser reconocido en un McDonald’s de Altoona, en el estado de Pensilvania.

Luigi Mangione. 

Oriundo de una familia acomodada de Baltimore, en Maryland, Mangione tenía un grado y una maestría en ciencias de la computación por la Universidad de Pensilvania, donde se especializó en el desarrollo de videojuegos. Se desempeñó hasta 2023 como ingeniero de datos en TrueCar, un sitio web de venta de autos. En algún momento de los últimos años se radicó en Hawaii, donde participó de la comunidad de surfistas Surfbreak y donde fijó el último domicilio que se le conoce hasta ahora. Al momento de ser detenido, el joven de 26 años portaba un arma y un texto manuscrito de 3 páginas en las que, según informó en las últimas horas la policía de Pensilvania, refería a los magnates estadounidenses como «parásitos».

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Quién es Edgardo Kueider, el senador detenido en Paraguay por entrar con u$s 200 mil sin declarar

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El senador nacional por Entre Ríos Edgardo Kueider fue detenido hoy en Paraguay luego de intentar ingresar a ese país desde Brasil con u$s200.000 sin declarar. La detención se dio luego de un control de rutina que se realizó a la madrugada. 

Quién es Kueider. 

El entrerriano ingresó a la Cámara Alta en 2019 con el Frente de Todos al encabezar la lista de senadores nacionales de esa provincia. Kueider es cercano al exgobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet. En 2022 abandonó el bloque del entonces oficialismo y creó Unidad Federal junto al correntino Carlos Espínola y la cordobesa Alejandra Vigo. 

Su rol en la Cámara. 

Kueider protagonizó una fuerte polémica en el corazón de Unión por la Patria luego de que votara a favor de la Ley Bases pero en especial cuanto votó a favor del DNU que ampliaba los fondos para la Secretaría de Inteligencia (SIDE). De hecho, el senador era uno de los candidatos del oficialismo para presidir la comisión bicameral de fiscalización de los servicios de inteligencia. Kueider hoy preside la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta. 

Qué pasó. 

Según señaló el director de Ingresos Tributarios de Paraguay, Oscar Orué, el senador fue demorado luego de un control de rutina que se realiza en el Puente de la Amistad que une ese país con Brasil y que está ubicado en la zona de la triple frontera. Además, agregaron que no colaboró y no respondió cuando le consultaron qué destino tenían los fondos. 

Qué sigue. 

Por lo pronto, desde el Gobierno de Paraguay señalaron que debe declarar hoy y que se encuentra demorado en un hotel. En caso de que renuncie al cargo, Kueider sería reemplazado por la camporista Stefanía Cora. 

Patrimonio. 

El senador declaró en 2021 ante la Oficina Anticorrupción que tenía u$s8.500 en efectivo en el país. En su provincia lo investigaban por enriquecimiento ilícito y lavado de activos por la compra de unos departamentos en Paraná. 




Fuente: CORTA

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Córdoba: H.I.J.O.S. pide justicia por el crimen de la madre de un militante que fue amenazado

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Organismos de derechos humanos de Córdoba expresaron su preocupación por el crimen de Susana Montoya, madre de Fernando Albareda, hijo del subcomisario Ricardo Fermín Albareda, que fue secuestrado y desaparecido en 1979. Desde la agrupación H.I.J.O.S. piden la investigación y esclarecimiento del hecho y la protección de Fernando. 

En detalle.

La madre de Albareda fue hallada en el patio de su hogar el pasado viernes con una pintada en la pared, hecha con lápiz labial, que advertía: «Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos». La pintada firmaba «#Policía». La autopsia aseguró que la víctima de 74 años recibió múltiples golpes en la cabeza, seguido de un corte en el cuello. Fue encontrada por su hijo Fernando por la tarde, que trepó hacia el techo para ingresar, luego de encontrar la casa a oscuras, con las persianas cerradas y la televisión al máximo volumen.

Amenazas.

En diciembre, Fernando Albareda ya había recibido amenazas en forma de carteles en la puerta de su casa que decían «se te terminaron los amigos en la policía», «te vamos a juntar con tu papito» y «vas a morir» clavadas con bala. En su momento, en declaraciones a Página/12, Albareda aclaró que recibía amenazas todos los meses pero que no involucraban a su familia de manera directa: «Las amenazas que solían llegar antes siempre las recibía yo, papelitos en el auto, notas por debajo de a puerta, llamadas a mi teléfono. Incluso a las llamadas las respondía de vez en cuando con puteadas». Fernando Albareda tenía custodia «hasta hace muy poco» debido a estas amenazas. Aún así, según Albareda la Justicia de Córdoba «no encontró nada» sobre las amenazas.

Además.

Para Fernando Albareda las amenazas «no sale del mismo entorno» que las que recibió sistemáticamente. «A ellos [la Policía de Córdoba] no les tocó nunca la posibilidad de una amenaza porque no figuran en la querella. Ellos nunca se vieron afectados por ninguna actuación de mi madre ni por mi hermano y hermana, que lamentablemente también es una víctima porque se quitó la vida el 24 de febrero del 2021 por la pérdida de mi padre, que no pudo superar nunca», sostuvo en Radio 10. 

Ricardo Fermín Albareda.

El subcomisario de la Policía de Córdoba fue secuestrado y desaparecido en el ex centro clandestino de detención conocido como «Casa de Hidráulica» por la dictadura cívico-militar en 1979, a sus 37 años. Además, Albareda militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).

Declaración.

«Desde los organismos de derechos humanos de Córdoba nos encontramos consternados, preocupados y ocupados, por el violento asesinato de la madre de un compañero de H.I.J.O.S. Córdoba, ocurrida este último viernes y las amenazas que cobardemente dejaron, dirigidas a toda su familia, donde firmaba ‘#Policía'», declararon un comunicado H.I.J.O.S. Córdoba, Familiares, Abuelas de Plaza de Mayo, Ex Presos Políticos por la Patria Grande de Córdoba, Asociación Civil Ex Presos Políticos de Córdoba y Mesa de Trabajo por los DDHH de Córdoba. «Exigimos a la Justicia de Córdoba y al Poder Ejecutivo: la urgente investigación y esclarecimiento de este hecho, como así también las amenazas sufridas por todos los integrantes de su familia, denunciadas con anterioridad; la seguridad y protección efectiva ya al compañero Fernando Albareda y a toda su familia», agregaron.





Fuente: CORTA

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