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La Justicia declaró culpable a Yanina Coronel

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La Audiencia de Juicio declaró hoy martes culpable a Yanina Alexandra Coronel del delito de homicidio doblemente agravado, por el vínculo de pareja con la víctima y por el medio utilizado (veneno); en concurso ideal, en grado de tentativa y en perjuicio del policía Gabriel Gustavo Páez Albornoz.

La sentencia fue dictada por la jueza Alejandra Ongaro y los jueces Andrés Olié y Daniel Sáez Zamora. Como se trata de un juicio de cesura, el tribunal fijó para el viernes 8 de septiembre, a las 8.30, la audiencia de imposición de pena. Por ello, a partir de ahora, las partes tendrán cinco días para ofrecer la prueba que presentarán en ese segundo debate.

Con las pruebas reunidas durante el juicio oral y público, la Audiencia dio por probado que en la tarde del 5 de setiembre del 2021 Coronel intentó dar muerte a su entonces pareja Páez Albornoz, con el que convivió durante aproximadamente 14 años y de cuya unión tienen un hijo en común.

“Para ello le suministró una sustancia venenosa (metomil, nombre comercial Methomex 90, del grupo químico de los carbamatos) que previamente había mezclado en un licuado de banana preparado por ella, en el domicilio que ese grupo familiar compartía” en Toay, indica textualmente el interlocutorio de culpabilidad.

Más adelante, agrega que aproximadamente a las 20.15, y encontrándose la víctima en el patio de la dependencia donde cumplía funciones (División Seguridad Rural UR-I), ubicada en el predio del autódromo provincial, “ingirió el líquido que su pareja le había entregado momentos antes, lo que le  provocó inmediatamente su  descompensación”.

“La gravedad de esta reacción –dice la resolución– fue lo suficientemente visible que llevó a que quienes se encontraban en ese momento junto con Páez Albornoz, no solo solicitaran la presencia de una ambulancia; sino que uno de sus compañeros se adelantó a la llegada del auxilio, subió a la víctima a su vehículo particular con mucho esfuerzo, dado el estado en que se encontraba ya que no podía erguirse”.

En esas “condiciones extremas”, el compañero trasladó a Páez Albornoz hasta el hospital de Toay, desde el cual luego fue trasladado, “atento a la gravedad de la situación”, al Hospital Lucio Molas de Santa Rosa. Allí permaneció internado más de un mes en la Unidad de Terapia de Cuidados Intensivos, “en estado crítico y con riesgo de perder la vida en tres oportunidades”.

En el proceso intervienen el fiscal Oscar Alfredo Cazenave, que en su alegato final había pedido la misma calificación legal que la Audiencia de Juicio le impuso a Coronel; el querellante particular Benjamín Eugenio Ortiz –en representación de la víctima–; y la abogada particular, Camila Virginia Aimar, quien había solicitado la absolución de la acusada.

BOTELLA Y JARRA. 

En los fundamentos de la sentencia, Ongaro –el suyo fue el primer voto, adhiriendo Olié y Sáez Zamora– 4- acreditó que, a partir de los testimonios de los policías que estaban con Páez Albornoz, “la botella traída por él desde su domicilio en todo momento estuvo su poder, sin haber sido manipulada por ninguna de las personas que se encontraban en la División”.

De esa manera quedó descartada la hipótesis defensiva de que el tóxico pudo haber estado en Seguridad Rural, aduciendo que habitualmente esa dependencia secuestra pesticidas, herbicidas y otros venenos. También se desechó la presunta subjetividad de la investigación fiscal preparatoria con el siguiente fundamento: que la mayoría de los testigos fueran policías “no fue una elección arbitraria y antojadiza, sino que teniendo en cuenta el lugar donde sucedió el hecho y las funciones que ocupan las personas que se encontraban presentes ese día” no pudo ser de otra manera.

“La sola condición de que los testigos pertenecieran a la fuerza policial –y hasta que en algún caso alguno de ellos tenga una amistad más cercana con la víctima–,  no ameritó sospechar sobre la falsedad de sus dichos, tal como pretendió la defensa”, expresó el Tribunal.

La Audiencia de Juicio destacó también la declaración de la médica que atendió a la víctima en la terapia intensiva del Molas. Ella explicó que el paciente “tuvo riesgo cierto de perder la vida en tres oportunidades: al ingreso por severa inestabilidad; posteriormente, evolucionó con un cuadro de shock séptico, que es un cuadro infeccioso grave, y además tuvo un episodio de shock hipovolémico, que es una hemorragia masiva asociada a un sangrado de traqueotomía”.

El químico, un insecticida de uso fitosanitario, fue secuestrado en un bolsa hallada en la casa de un vecino –lindera con la de Coronel y Páez Albornoz–. Por ello se realizó un análisis de la jarra de la licuadora donde la acusada preparó el licuado y se constató la presencia de methomyl

Para eso lo que se hizo previamente en el laboratorio fue un lavado en las paredes internas del vaso de dicho electrodoméstico, utilizando un solvente orgánico  (metanol) y, en el paso siguiente,  lo que se obtuvo como resultado fue la presencia de methomil. Los magistrados calificaron de “contundente” ese informe y añadieron que “se vio aún más reforzado cuando la perito afirmó que existían señales de alta intensidad en las muestras” de la licuadora.

Finalmente, sobre el presunto contexto de violencia de género, Ongaro describió que dos testigos supieron de ello a través del relato de Coronel y que un tercero, un policía que habría presenciado las conductas violentas de Páez Albornoz, si bien fue citado por la defensa; luego Aimar desistió de su comparecencia sin explicar los motivos. Así fue que concluyó –al valorar también otros testimonios– que “con la prueba producida y desarrollada no se logró acreditar con certeza la teoría defensiva en cuanto a la existencia de los hechos de violencia de género de los que habría resultado víctima Coronel  de parte de su ​ex pareja. 




Fuente: La Arena

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Milei cerró nueve sucursales del Banco Nación en la provincia

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El gobierno nacional dispuso este jueves el cierre de nueve sucursales del Banco Nación en La Pampa y al conocerse la medida los y las empleadas de la entidad en Santa Rosa se dirigieron a la sede del gremio La Bancaria para una asamblea urgente en la que decidirán los pasos a seguir.

La semana pasada, el Banco Nación resolvió el cierre de la Gerencia Zonal de La Pampa ante la decisión de la provincia de duplicar la alícuota del Impuesto a los Ingresos Brutos que grava los créditos a las familias y a las PyMEs.

En ese marco, el presidente del BNA, Daniel Tillard, aseguró que “la incidencia de los impuestos locales iguala el gasto en la nómina salarial del personal, lo cual termina siendo una imposición sobre la presencia territorial. La decisión de La Pampa implica aumentar el gasto impositivo en $ 350 millones”.

“Queremos dejar en claro que estos tributos no gravan al Banco Nación, sino que terminan siendo un impuesto a los créditos. Por tal motivo, resolvimos no mantener nuestra Zonal en la provincia de La Pampa”, agregó.

En La Pampa, el BNA posee una cartera de créditos de unos 100 millones de dólares, lo que duplica los depósitos que tiene en esa provincia. Además, cuenta con 14 sucursales y 202 empleados.





Fuente: La Arena

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Santa Rosa se manifiestó en defensa de las universidades

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Las actividades en el marco de la Marcha Federal Universitaria comenzaron en Santa Rosa y General Pico con una importante cantidad de personas.

En la capital pampeana, la concentración comenzó a las 16 sobre la calle Gil, frente a la sede central de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam). En ese marco, está previsto la realiación de intervenciones artísticas y de investigadores e investigadoras. 

A partir de las 18.30 comenzará la marcha propiamente dicha donde posteriormente se leerá un documento. Por su parte, en General Pico, la marcha comenzará a partir de las 18 en la Facultad de Veterinarias y continuará por el Centro Universitario para finalizar en el Comedor Universitario. 

«Se buscará reivindicar el rol fundamental de la universidad pública en la formación de ciudadanas y ciudadanos, garantizando el acceso a la educación superior para todas las personas, al tiempo que exigir al gobierno nacional que cumpla debidamente con el financiamiento del sistema educativo universitario nacional. La marcha se realiza en el marco de la defensa de los valores democráticos y la autonomía universitaria», comunicaron desde la casa de estudios provincial. 

Alpa en Buenos Aires.

El rector de la UNLPam y vicepresidente del CIN, Oscar Alpa, participó en Buenos Aires de la marcha al Congreso en defensa de la Universidad pública y contra el veto anunciado por el presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. “Los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional estuvimos presentes en la marcha junto a los docentes, sindicatos, no docentes y estudiantes universitarios, además de toda la sociedad que acompañó este reclamo, para decirle basta a esta situación de desfinanciamiento de nuestro sistema universitario y científico”, dijo Alpa.

El rector expresó: “Este año se agravó lo que corresponde a la situación salarial, docente y no docente, de las becas de los estudiantes, de las obras de infraestructura que tenemos paradas y que son tan importantes, y también del sistema científico. Estamos convencidos que a pesar de esta campaña furiosa del gobierno que está haciendo para desprestigiar al sistema científico y universitario, inclusive desdiciéndose en su información de los últimos días. Esta marcha lo que quiere es visibilizar y mostrarle al Poder Ejecutivo que la sociedad está en contra del veto y al Congreso que le pide que ratifique la ley”.

“Las Universidades no son un problema como nos quieren imponer algunos, sino una de las instituciones de más prestigio que tiene nuestro país y que representa la posibilidad de encontrar soluciones a los problemas estructurales que enfrenta nuestra Nación. La economía no es una cuestión de llegar a un número mágico que tiene que dar cero, la economía es un tema de prioridades. Y si no se privilegian prioridades como la Universidad, el desarrollo de la Nación será una utopía”, afirmó.




Fuente: La Arena

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Por ausencia de Nación, Ziliotto ya invirtió $36.800 millones

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El ministro de Obras, Alfredo Intronati, afirmó que el gobierno de Javier Milei «afectó fuertemente a la obra pública en La Pampa por el incumplimiento de los contratos preexistentes» y resaltó que la Provincia continúa con los proyectos en ejecución, porque la obra pública «es una prioridad», para sostener la actividad económica y el empleo en el sector.

«Por la falta de pago, La Pampa asumió en 2024 compromisos de pago por $36.800 millones hasta el momento y hasta fin de año serán otros $11.300 millones para obras de la Administración Provincial del Agua (APA), Dirección General de Obras Públicas, Vialidad y el Instituto Provincial Autárquico de Viviendas», afirmó Intronati.

El funcionario dijo que «el mismo compromiso de pago existe para el periodo 2025 por más de $15.800 millones y de $671 millones para 2026» y planteó que «en La Pampa la obra pública fue fuertemente afectada por el incumplimiento de los pagos de Nación a contratos preexistentes, con obras en ejecución».

Afirmó que el gobierno de Milei realiza un «manejo desmedido de los recursos y ahoga al interior del país, sin respetar el federalismo. No enviar los fondos que legalmente les corresponde a las provincias, es perverso y busca someter a los gobernadores violando toda norma democrática».

El ministro Intronati indicó que el gobierno provincial «no va a abandonar la obra pública» porque «el gobernador Sergio Ziliotto le dio prioridad como herramienta clave para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y mitigar las deficiencias del gobierno nacional, mientras que Nación informó que en 2025 solo aportará el 15% del presupuesto necesario para cubrir las obras iniciadas».

Obras.

Intronati dijo que «es más que inapropiado detener las obras de saneamiento, que comprenden el mantenimiento, la refacción o elaboración de sistemas de redes cloacales con sus plantas de tratamientos, el reemplazo de los sistemas de agua potable o elaboración de nuevas por su antigüedad o por el crecimiento urbanístico de distintas localidades».

Las obras financiadas por la Provincia también corresponden a Centros de Desarrollo Infantil (Dirección de Obras Públicas), la construcción de viviendas sociales distribuidas en toda la provincia y obras viales como mantenimiento, reparación y pavimentación de rutas, iluminación de 34 accesos a localidades.

Destacó que «la contribución a la seguridad vial es permanente, no solo para las y los pampeanos, también para quienes por razones sociales, culturales, de salud, educación, turísticas o comerciales transitan por nuestra provincia».

El ministro resaltó «la responsabilidad del gobernador en terminar las obras en ejecución» que «son indispensablemente fuentes de trabajos genuinos permanentes para muchas familias».

La deuda del gobierno libertario también está vinculada a la falta de pago con las empresas que construían la segunda etapa del Acueducto del Río Colorado, 636 viviendas del Procrear en Santa Rosa, General Pico y Toay, la infraestructura vial e hídrica de General Acha y la ampliación y remodelación de infraestructura urbana, social y de saneamiento en Santa Rosa y otras localidades. «Los aportes debían ser de $17.340 millones para 2024, $172.532 millones para 2025 y $91.647 millones para 2026», advirtió el ministro.

«Salvo la constructora a cargo del Acueducto, las demás son empresas pampeanas, por lo cual la economía de toda la provincia se vio afectada por la paralización de estas infraestructuras que significaron despido de trabajadores y aumento de la desocupación», explicó el funcionario.

«Esta es la forma que tiene el gobierno nacional de llevar a la población al caos social y económico, con incumplimientos de contratos y pagos que no hacen otra cosa que desfinanciar a las provincias, no solo a sus gobiernos si no y en particular a las y los trabajadores. Los fondos para estas obras son los que se reclaman desde la provincia al gobierno nacional, para seguir en la vía del crecimiento y generando puestos de trabajo», cerró.




Fuente: La Arena

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