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Trabas y burocracia: los efectos de los cambios en el Reprocann según organizaciones cannábicas

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El Ministerio de Salud reglamentó hoy una serie de cambios en los requisitos para poder inscribirse en el Registro del Programa Cannabis (Reprocann). Desde la ONG Mamá Cultiva, impulsora de la Ley de Cannabis Medicinal, aseguraron a que la medida «es otra manera de ralentizar el sistema y limitar aún más el acceso a las terapias con cannabis», pero desde el Gobierno sostuvieron que el objetivo es «fortalecer los controles y la transparencia».

«Nos resulta llamativo que el mismo ministerio que se quejaba por los pocos profesionales que inscriben al Reprocann ahora suma una restricción: que acrediten una diplomatura», apuntó en diálogo con este medio la presidenta de Mamá Cultiva, Valeria Salech. «Nos suman requisitos y burocracia. Sabemos que es otra manera de ralentizar un sistema que ya es deficiente y limitar aún más el acceso a las terapias con cannabis», cuestionó la activista. En ese sentido, Salech advirtió que «hay miles de personas esperando la aprobación de su solicitud y la renovación» y sentenció: «En vez de construir un estado más eficiente, suman burocracia».

Piero Liebman, titular del estudio jurídico Liebman y Asociados, especializado en asesoramiento legal para negocios de la industria cannábica, advirtió que «hay que seguir que la medida no afecte el derecho a la salud de ningún paciente». En ese sentido, cuestionó los límites de pacientes que pueden aceptar los productores de cannabis, que es de 150 para las asociaciones civiles y fundaciones y de 2 para los cultivadores solidarios. «Si podés producir para más pacientes, ¿por qué prohibirlo? Afecta los principios de realización progresiva de los derechos humanos».

Entre los puntos problemáticos, Liebman señaló que prohibirle la inscripción al Reproccan a una persona con antecedentes penales, como estipula el artículo 4, «es violatorio del sistema penal». «Si una persona ya cumplió su pena, esto es una segunda instancia de criminalización. Además, muchos cultivadores tienen antecedentes por ser perseguidos cuando la actividad era ilegal». En ese sentido, Liebman enfatizó que «lo más importante es que se entienda el derecho a la salud de manera integral, tanto para el consumidor como para el productor, porque estar ajo el yugo de la persecución penal también afecta la salud».

A su vez, el abogado afirmó que «la traba más grande está en la práctica». «El sistema está parado desde el cambio de gestión», cuestionó Liebman, y agregó: «Recién hace dos semanas cuando avanzaron los amparos el Ministerio de Salud empezó a avanzar lentamente y las últimas aprobaciones estuvieron muy focalizadas en CABA».

La cartera de Salud sostuvo que la medida tuvo el objetivo de «fortalecer los controles y la transparencia» del sistema y «recuperar el espíritu inicial del Programa: la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor del cannabis y sus derivados, garantizando y promoviendo el cuidado integral de la salud». A su vez, desde el Ministerio le aseguraron que el sistema no se paralizó, sino que «se priorizaron los pacientes pediátricos según la criticidad del diagnóstico, como aquellos correspondientes a niños y adolescentes con patologías como epilepsia refractaria». Sin embargo, advirtieron que «había algunas irregularidades y tramites que venían pendientes de 2023» y que eso «se está buscando normalizar». «El registro va a continuar», remarcaron.

Desde el Ministerio que lidera Mario Russo argumentaron que al iniciar la gestión «se encontró en el Reproccan un cuello de botella de más de cien mil solicitudes pendientes de revisión, de las cuales ocho de cada diez prescripciones indicadas son por trastornos de ansiedad, insomnio y/o dolores». «El 16% del total de dichas prescripciones fueron otorgadas únicamente por 6 profesionales médicos y más de 60 médicos cuentan con  más de 1000 prescripciones realizadas», subrayaron.




Fuente: CORTA

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El estado de las rutas nacionales: obras frenadas, caída en la inversión y conflictos laborales

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Desde que asumió la presidencia Javier Milei, los corredores viales nacionales sufrieron una reducción de la inversión pública en obras y mantenimiento. Además, en los últimos meses ocurrieron dos hechos clave para el futuro de rutas y autopistas: la intervención de Corredores Viales SA por parte del Gobierno y el fin de la concesión de Caminos del Río Uruguay que derivaron en conflictos laborales que todavía siguen en pie.

Por qué importa.

Según cifras oficiales, la red vial cuenta con cerca de 640.000 km de rutas, autopistas, autovías y caminos entre todas las jurisdicciones: Nación, provincias y municipios. De este total hay unos 38.000 km bajo la gestión de Vialidad Nacional, de los cuales solo el 10% es de alta transitabilidad: 1.500 km de autopistas y 2.300 km de autovías.

En números.

De 2023 a 2024, el Estado invirtió 43% menos en construir rutas, autopistas y autovías y de 2024 a 2025 la inversión cayó 34%, según datos de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública. En cuanto al mantenimiento y repavimentación, de 2023 a 2024 el Ejecutivo nacional invirtió 29% menos y de 2024 a 2025, 21% menos.

Pero.

El Estado nacional recauda, a través del Impuesto al Combustible (ICL), fondos destinados específicamente a obras viales y mantenimiento de rutas. En abril, el ICL aumentó 44% (Instituto Argentino de Análisis Fiscal).

En detalle.

La red vial nacional se divide en dos sistemas: uno estatal, gestionado por la Dirección Nacional de Vialidad y otro concesionado a empresas, que recaudan a través de los peajes. La principal empresa que gestiona el sistema vial es pública: Corredores Viales.

Qué pasó.

El 1° de abril, el Gobierno intervino Corredores Viales como paso previo a su privatización.

Los argumentos fueron que gran parte de los tramos «estaban en un estado malo o crítico» y que «los contratos de obra estaban paralizados». Esto cerró la puerta a sus empleados para discutir condiciones de trabajo y negociar paritarias.

Denuncia.

El Sindicato Único de Trabajadores de Peajes (SUTPA) denunció  ante la Secretaría de Trabajo de la Nación irregularidades e incumplimientos en las condiciones laborales y de seguridad de todos los sectores de Corredores Viales y el retraso paritario desde enero, pero no hubo respuesta. Ante esto, el sindicato convocó a un paro en los 10 tramos de la empresa. Tres días después, en el marco de la medida de fuerza, la empresa echó sin causa a 117 trabajadores.

Además.

En paralelo, el 8 de abril venció la concesión de Caminos del Río Uruguay S.A (CRUSA), que mantenía las rutas 12 y 14 y 174, claves para la conexión con el MERCOSUR. Hoy  están en manos del Gobierno Nacional – a través de Vialidad Nacional, porque todavía no lanzó la licitación para su privatización (aunque la habían anunciado para principios de abril), para que una nueva empresa se haga cargo. Mientras tanto, se levantó el cobro de peaje y con ello todos los servicios al usuario. Según CRUSA, algunas autoridades y organizaciones provinciales, esto pone en riesgo las mínimas condiciones de seguridad.

Conflicto.

A partir de este hecho, 500 trabajadores quedaron sin continuidad laboral y sin indemnización, con la empresa en convocatoria de acreedores y declarada en quiebra por la Justicia el 29 de abril. Para el SUTPA, «la empresa debe garantizar las indemnizaciones y el Estado asegurar que suceda». Para el Estado, «la solución es del sector privado». Para CRUSA «es imposible hacerle frente al pago de las indemnizaciones con la tarifa retrasada desde hace años, responsabilidad de Vialidad Nacional».





Fuente: CORTA

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ANMAT prohíbe el uso de fentanilo en todo el territorio nacional

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El ministerio de Salud informa y alerta a los establecimientos sanitarios que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohíbe el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de un lote de fentanilo inyectable por “desvío de calidad”.

La Disposición N° 3156/25  fue publicada en el Boletín Oficial. La ANMAT a partir de la notificación recibida de una institución hospitalaria privada de la provincia de Buenos Aires, sobre un presunto desvío de calidad del producto, titularidad de la firma HLB Pharma Group S.A, efectuó una investigación y en la inspección realizada en el elaborador se observaron incumplimientos a la Buenas Prácticas de Fabricación y Control.

Si bien la titularidad del producto cuestionado es detentada por HLB Pharma Group S.A., se trata de un producto de pequeño volumen en ampolla y por ello habría sido elaborado en las instalaciones de la firma Laboratorios Ramallo S.A.

Según lo informado en el reporte, presenciaron un brote de Klebsiella pneumoniae MBL y Ralstonia Picketti, microorganismos que no forman parte de la comunidad intrahospitalaria y del análisis de los casos descubrieron que los pacientes afectados habían recibido la administración de Fentanilo HLB.

El producto que se prohibió usar, comercializar y distribuir es: Fentanilo HLB / citrato de fentanilo, concentración 0,05 mg/ml, en la forma farmacéutica solución inyectable, frasco ampolla por 5 ml (presentación x 100 ampollas, según VMN); lote 31202, vencimiento 09/26; Certificado N° 53.100.

Asimismo, el reporte informó sobre la contaminación microbiana reportada en 18 pacientes por la administración del producto en cuestión, que se aplica a pacientes hospitalizados de alta vulnerabilidad a quienes el uso del producto contaminado puede acarrearles la muerte.

En consecuencia, los hechos reportados demostrarían a primera vista que se trataría de productos contaminados elaborados en un establecimiento con deficiencias en el cumplimiento de las Buenas Prácticas. Por ello no se puede asegurar que los productos se hayan fabricado en el mismo cumplan, en forma uniforme y controlada, con los requerimientos de seguridad y eficacia de acuerdo con las normas de calidad adecuadas al uso que se les pretende dar y conforme a las condiciones exigidas para su comercialización.


Fuente: Neuquén Informa

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“Milei 2027”, la fake de Milei con El Eternauta: cómo es la imagen original

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Javier Milei compartió hoy en sus redes sociales una captura falsa de la serie El Eternauta en la que se ve un grafiti que dice «Milei 2027». 

En detalle. 

«Gran descuido de Netflix. El apoyo del Javo es difícil de tapar», dice el tuit que compartió el mandatario en sus historias de Instagram. Sin embargo, la foto fue modificada digitalmente, según se pudo comprobar al compararla con la imagen promocional de El Eternauta. Además, según datos de Netflix, el rodaje de la serie fue desde mayo a diciembre de 2023. Es decir, si Milei asumió la presidencia en 2023, es poco probable que se haya hecho un escrito sobre una posible candidatura para el 2027.  


La imagen real.

El Eternauta

Además. 

Distintos usuarios habían compartido en las redes sociales sus versiones del grafiti de esa imagen promocional de la serie basada en la novela gráfica argentina de ciencia ficción de Héctor G. Oesterheld.






Fuente: CORTA

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