Los diputados del bloque de Encuentro Federal redactaron una serie de extensos cambios para el Presupuesto 2025 presentado por el Poder Ejecutivo, enfocados en una nueva regla fiscal que ponga el peso de los gastos en manos del Congreso, impuestos, educación, jubilaciones y universidades.

Por qué importa.

Estas modificaciones apuntan directamente contra aquellos sectores que sufrieron mayores recortes de parte del Gobierno y que encabezaron la lucha más fuerte entre el Congreso y la Rosada. Tanto los aumentos a las jubilaciones como a las universidades fueron rechazados por vetos presidenciales, algo que repudió fuertemente parte de la oposición, salvo por La Libertad Avanza, el PRO, parte de la UCR y partidos provinciales. Desde entonces, ese séquito opositor busca incluir dichas subas en el presupuesto.

También importa.

El debate sobre la ley de leyes se reanudará este jueves a las 11 en una nueva reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda, donde el bloque liderado por Miguel Ángel Pichetto presentará sus modificaciones. Sus modificaciones desafían el concepto del «déficit cero» impulsado por el Gobierno y que lo llevó a rechazar las leyes sobre universidades y jubilaciones. 

Nueva regla fiscal.

Uno de los puntos más llamativos de la iniciativa es la nueva «regla fiscal» que busca que el Congreso sea el que defina, a través de su Oficina del Presupuesto, el orden de prelación de los gastos. Dichos gastos podrán ser reducidos por el Poder Ejecutivo para alcanzar el equilibrio fiscal. También estipularon que, si la recaudación es mayor a la prevista, habrá un orden por el que el Gobierno deberá bajar los impuestos, empezando por las retenciones. «Así, evitamos las inequidades en las preferencias del Gobierno, como fue haber bajado únicamente el Impuesto a los Bienes Personales cuando tuvo la oportunidad de decidir por sí sólo», justificaron. También, alrededor de las capacidades del Ejecutivo, establecen la modificación de los que quedan de los superpoderes designados al Jefe de Gabinete en 2007 a través del artículo 37 de la Ley de Administración Financiera, que establece que puede reestructurar cualquier partida que considere pertinente dentro del monto aprobado.

Jubilaciones.

Los diputados de Encuentro Federal buscarán reestablecer las cuestiones que fueron eliminadas con el veto presidencial: reconocer el aumento retroactivo del 8,1% a enero de 2024 e incorporar bonos de hasta $70.000. Así plantean rechazar el decreto vigente y establecer la fórmula de movilidad por ley. También proponen que ANSES cumpla con las auditorías en base a plazos establecidos y que se automaticen los envíos de fondos por las cajas provinciales jubilatorias. Además, brindaron justificaciones de cómo financiarían estos cambios en el presupuesto, cosa que Milei reclamó repetidas veces en medios de comunicación. Entre ellos, detallaron la eliminación de exenciones del IVA, del Impuesto a las Ganancias, la reasignación de fondos de las partidas de la SIDE y la Secretaría General de Presidencia que tienen incrementos por arriba de la inflación, entre otros.

Universidades.

También eliminado por veto presidencial, buscan ampliar la partida para financiar a las universidades nacionales en un 17% para garantizar la recomposición salarial de los docentes y no docentes universitarios y el normal funcionamiento de las casas de estudios, «apoyando la necesidad y periodicidad de las auditorías». Justificaron la suba sacando un porcentaje de los ahorros logrados por la eliminación de los sobrecargos de intereses con el Fondo Monetario Internacional, la reducción del cupo fiscal de la ley de economía del conocimiento para el ejercicio 2025 y la eliminación de la exención de IVA para espectáculos públicos.

Otras modificaciones.

• Limitar las facultades del Poder Ejecutivo para reestructurar y/o realizar canjes de deuda a que pueda hacerlo siempre que no aumente el valor presente de la deuda. Un canje que aumente el valor presente deberá ser específicamente autorizado por el Congreso.
• Rechazar la eliminación de la indexación automática de las asignaciones familiares.
• Sostener el piso mínimo de gastos en Educación y Ciencia y Tecnología.
• Eliminar las asignaciones específicas de Impuesto a los Combustibles afectadas a obras y subsidios al transporte y que los fondos que recaude el tributo se destinen íntegramente al régimen de Coparticipación Federal de Impuestos. Esto permitiría que las provincias ejecuten los gastos que crean convenientes en obras y subsidios con su 58% de la recaudación y sin afectar los recursos que le corresponden al Gobierno Nacional, que es un 42%.
• Disponer que el Tesoro deberá distribuir trimestralmente los fondos coparticipables retenidos para los aportes que no se utilicen para las emergencias. 

Fuente: CORTA