Aerolíneas Argentinas suspendió hoy la mesa de negociaciones paritarias hasta que los gremios de pilotos, aeronavegantes, rampa y check-in levantaran las medidas gremiales que llevaron a la cancelación de vuelos internacionales. También anunció que denunciará al gremio de pilotos ante las autoridades gubernamentales y judiciales. 

Por qué importa.

La mesa de negociaciones entre la empresa y los gremios de aeronavegantes (AAA), pilotos (APLA) y rampa y check-in (APA) no avanza hace más de dos meses.

En contexto.

La disputa entre los gremios y la empresa continúa alrededor de dos cuestiones centrales. Por un lado, la privatización de la compañía que se debate actualmente en comisiones en la Cámara de Diputados, a la cual los sindicatos se oponen fuertemente. Por el otro, la necesidad de una recomposición salarial que va desde el 25% al 70% tras pérdidas del poder adquisitivo por la inflación. Entre las últimas medidas más polémicas, la asamblea de accionistas de Aerolíneas Argentinas echó a Pablo Biró, titular del gremio de pilotos, del directorio de la empresa. 

En detalle.

Según el comunicado de Aerolíneas, la compañía había retomado conversaciones con los tres gremios el pasado jueves, donde participaron altos funcionarios del área de transporte y la Jefatura de Gabinete junto a secretarios generales de los sindicatos. Desde la empresa reclaman que, aunque se discutió que no se realicen medidas que perjudiquen a los pasajeros, APLA decidió «provocar la cancelación» de cuatro vuelos internacionales de largo alcance programados para el fin de semana. «A pesar de contar con las herramientas para evitar estas cancelaciones, desde APLA hubo una manifiesta falta de interés y de voluntad en hacer que esos vuelos se operen», reclamaron. La empresa reclama que la decisión afectó a 2.178 pasajeros que viajaban a Cancún, Miami, Roma y Madrid. 

Además.

Aseguraron que están realizando «un enorme esfuerzo para reacomodar a estos pasajeros en vuelos propios y de otras aerolíneas» y que tuvieron que «recurrir a la contratación de vuelos charter de otras empresas». «Esta provocación irresponsable de las autoridades de APLA demuestra que el conflicto salarial es una excusa para las autoridades del gremio -no así para sus afiliados- para dar una batalla política personal. Y en este acto, arrastraron la posibilidad de continuar cualquier tipo de intercambio con los otros gremios a pesar de su voluntad de continuar las conversaciones», afirmaron. Allí aseguraron que la medida del gremio «será denunciada ante las autoridades gubernamentales y judiciales por su naturaleza abusiva y su perjuicio económico directo para la compañía».

La respuesta de APLA.

Desde el gremio repudiaron el comunicado de la empresa y aseguraron que las medidas se habían «programado con antelación», además de que la compañía «rompió unilateralmente las negociaciones durante dos meses». «Hoy, cuando las consecuencias que APLA había anticipado son evidentes, deciden culpar a los trabajadores», respondieron. El conflicto de la empresa con este gremio en particular se agudizó por los paros del sindicato en el Centro de Formación y Entrenamiento de Pilotos de la República Argentina (Cefepra). Las medidas de fuerza no permitieron que se renueven aquellas licencias de pilotos de larga distancia y tampoco que se realice la instrucción. Esto significó que Aerolíneas Argentinas debió operar sin personal calificado para los viajes de larga distancia, lo que afectó el servicio. 

Privatización de Aerolíneas.

Mientras tanto, el oficialismo, con ayuda del PRO y la UCR, obtuvo dictamen de la privatización de la compañía estatal en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Transporte de Diputados. 

El Gobierno oficializó hoy el bono de $70 mil para los haberes previsionales más bajos en noviembre, por lo que un jubilado de la mínima cobrará el mes que viene $322.798,48. Para conservar el poder adquisitivo que tenía en diciembre de 2023, estas jubilaciones deberían ser de $420.237, lo que implica una caída real de los ingresos de esta población de $97.439.

Las jubilaciones al inicio de la era Milei.

• El refuerzo a jubilaciones mínimas fue establecido por el Gobierno anterior a fines de 2023. En diciembre del año pasado, con la última actualización de la Ley de Movilidad Jubilatoria anterior, las jubilaciones mínimas pasaron a $105.715, que sumadas al bono de $55.000 alcanzaban los $160.713.
• La Ley de Movilidad Jubilatoria que regía a inicios del mandato de Javier Milei establecía aumentos trimestrales para los haberes previsionales. En la primera versión del proyecto de Ley Bases, el Gobierno intentó incluir la emergencia previsional y la suspensión de la aplicación de la fórmula vigente, que sería reemplazada por una potestad al Ejecutivo para brindar aumentos de forma discrecional. 

La motosierra previsional.

• Estos proyectos no prosperaron en el Congreso, y en marzo el mandatario estableció una nueva fórmula por decreto. La normativa establecía un aumento extraordinario de 12,5% para abril, y un ajuste mensual en línea con la inflación. Ese mismo mes, las jubilaciones aumentaron un 27,18% de acuerdo con la fórmula anterior y el bono pasó de $55.000 a $70.000, por lo que la mínima se elevó a $204.446. 
• En abril, comenzó a regir la nueva fórmula y se aplicó el aumento extraordinario, lo que llevó el haber mínimo a $171.283 ($241.283 con el bono, que se mantuvo en $70.000). En ese momento, las jubilaciones más bajas ya habían perdido $64.410 frente a la inflación acumulada entre diciembre y marzo, que fue del 90,21%. 

El nuevo cálculo y el congelamiento del bono.

La fórmula de Milei establece que tras el único aumento extraordinario de abril las jubilaciones se actualizan al ritmo de la inflación, lo que hace imposible que los haberes recuperen lo perdido entre diciembre y abril. Además, el Gobierno congeló el bono en $70.000. Esto produce que la mínima pierda mes a mes contra el aumento general de precios: 

• Si se toma en cuenta la inflación acumulada entre diciembre y septiembre según las cifras oficiales del Indec y se le suma para octubre el 3,4% que pronostica el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, para comprar las mismas cosas que se podían adquirir por $55.000 el último mes del año pasado se requerirán a inicios de noviembre $143.815,77. 
• En otras palabras, el bono que se otorga a las jubilaciones mínimas perdió $73.815,77 respecto a la inflación acumulada en lo que va del Gobierno de Milei.

La batalla por la fórmula.

Esta situación generó una reacción por parte de la oposición, que llevó al Congreso una nueva nueva fórmula previsional que sumaba a la actualización por inflación una compensación única del 8,1% y un incremento anual igual a la mitad del aumento salarial promedio por encima de la inflación. Por ejemplo, si a lo largo de un año la inflación fuera del 100% y la suba de los sueldos del 120%, el aumento extra para los haberes jubilatorias sería del 10%. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el gasto adicional de esta Ley era del 0,44% del PBI. La normativa, aprobada por amplio consenso en ambas cámaras, fue vetada por el presidente, quien a su vez consiguió los apoyos suficientes por parte del PRO y sectores del radicalismo para sostener el veto a nivel parlamentario.

El ajuste eterno.

El director ejecutivo de la Anses, Mariano de los Heros, anticipó a principios de mes durante su defensa del Presupuesto 2025 en Diputados que el bono se pagará durante todo 2025 y que se mantendrá en $70.000. 

La pérdida, en números.

• Hoy, el Gobierno oficializó el pago para noviembre, lo que llevará la mínima sin bono a $252.798,48 y con el adicional a $322.798,48. 
• Si se considera la inflación acumulada entre diciembre y octubre (según datos del Indec y del REM para el último mes), el básico debería ser de $276.426 sin bono y de $420.237 con bono para equipararse al incremento general de los precios. 
• Es decir, los jubilados de la mínima sufrieron una pérdida de $97.439 en lo que va del mandato de Milei.

Fuente: CORTA

El Gobierno introdujo ayer restricciones a la posibilidad de que afiliados de planes cerrados de obras sociales o prepagas accedan a descuentos o subsidios en recetas de medicamentos u órdenes de estudios realizadas por profesionales por fuera de su cartilla médica. En otra medida, el Gobierno permitió que las prepagas no acepten monotributistas.

Por qué importa.

Esto podría generar un flujo mayor de personas que recurran a las guardias de hospitales cubiertos por su obra social o prepaga, debido a que de ese modo no requieren de un turno médico para obtener la receta u orden con los descuentos o subsidios correspondientes.

Medida sobre monotributistas.

La Superintendencia de Servicios Salud (SSS) permitió en el Decreto 955/2024 que las prepagas no acepten como afiliados a los monotributistas y pequeños contribuyentes. Aun así, la medida no es retroactiva: aquellos adheridos al régimen con anterioridad que estén afiliados a una prepaga no se verán afectados. A partir del 1° de diciembre, entrará en vigencia un registro de aquellas prepagas que acepten a los monotributistas. Se llamará Agentes de Seguro de Salud para la Cobertura Médico Asistencial de Pequeños Contribuyentes. 

Planes abiertos y cerrados.

Los planes cerrados son aquellos que solo permiten consultar médicos de la cartilla de la obra social o prepaga del afiliado, mientras que los abiertos permiten consultar profesionales externos a las mismas por un precio, pero que luego se realice el reintegro de la misma con la presentación de la factura. Estos últimos planes suelen ser, además, más costosos que los primeros.

Medida sobre planes cerrados.

La Resolución 3934/24 no modifica las consultas médicas de planes abiertos o cerrados, sino que limita la posibilidad de que aquellos afiliados en planes cerrados reciban recetas u órdenes de estudios con descuentos o subsidios de parte de médicos fuera de su cartilla de la obra social o prepaga. 

Además.

La medida afectaría de lleno a los médicos independientes, que podrían recibir menos consultas debido a la falta de beneficios para órdenes y recetas.

Declaración.

«Esto va a ordenar el sistema. En prescripciones médicas hay una gran cantidad de recetas que no provenían de profesionales de la especialidad que el medicamento requería y que no consideraban la historia clínica del paciente. Incluso medicamentos que estaban en etapa experimental. Lo único que queremos es beneficiar al sistema y que sus beneficiarios estén preservados. No va a haber ningún tipo de complicación», declaró el vocero presidencial Manuel Adorni en conferencia de prensa.




Fuente: CORTA