El PRO, La Libertad Avanza y sus aliados, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica avanzarán desde las 10 en el tratamiento de Ficha Limpia, que busca prohibir que aquellas personas condenadas por corrupción en segunda instancia puedan ejercer cargos públicos.

Por qué importa.

La última sesión fracasó cuando el oficialismo y parte de la oposición dialoguista no consiguieron el quórum suficiente por un solo diputado. La caída ocurrió en medio de fuertes rispideces con la oposición y los gobernadores por el Presupuesto 2025, cuya negociación en la comisión de Presupuesto y Hacienda fue paralizada por su presidente, José Luis Espert. La falta de acuerdos con los mandatarios provinciales causó que algunos de los bloques fundamentales para el quórum no bajaran al recinto. Esto provocó fuertes críticas de parte de PRO, principal impulsor de la iniciativa. 

También importa.

Este proyecto podría perjudicar a Cristina Fernández de Kirchner, que ya obtuvo una condena en segunda instancia por la Cámara de Casación Penal. De aprobarse la iniciativa en el Congreso, Fernández de Kirchner no podría presentarse en las elecciones legislativas el año que viene.

Sesión.

El llamado al recinto es para las 10. La firma para el pedido de sesión la encabezaron los jefes de bloque de PRO, Cristian Ritondo; LLA, Gabriel Bornoroni; y UCR, Rodrigo de Loredo.

En detalle.

La sesión retoma el proyecto de Ficha Limpia, cuyo dictamen de mayoría establece que aquellas personas condenadas en segunda instancia por corrupción no podrán ejercer cargos públicos. Aun así, la CC firmó ese dictamen en disidencia, pidiendo que la prohibición se aplique sobre todos aquellos que tengan estas condenas, pero en cualquier instancia. Esta misma postura la comparte Democracia para Siempre, el bloque radical comandando por Facundo Manes. Mientras tanto, Unión por la Patria se opuso por completo al proyecto y lo rechazó.

Además.

Se incluyeron en el pedido de sesión los mismos temas que estaban en la solicitud del miércoles pasado: la ley de reiterancia, de reincidencia, el juicio penal por ausencia del imputado y la votación de los argentinos en el exterior.




Fuente: CORTA

A días de una nueva cumbre de jefes de Estado del Mercosur, donde el presidente Javier Milei tomará la dirección pro tempore del organismo, el Gobierno evalúa irse del bloque regional si no se acepta la posibilidad de hacer acuerdos de libre comercio con otros países, según se pudo saber hoy de altas fuentes oficiales.

Por qué importa.

El Mercosur tiene una cláusula que impide a los países miembro a tener acuerdos bilaterales de comercio sin consultar antes al organismo. Argentina solo puede salir del bloque regional si el Congreso aprueba una ley para a ese efecto y el Gobierno confía en que puede conseguir los votos necesarios.

En detalle.

Desde la asunción del canciller Gerardo Werthein que el Gobierno intenta poner como eje central de su política exterior la idea de hacer acuerdos bilaterales de libre comercio con otros países, como Estados Unidos, donde el nuevo embajador ya tiene la orden de trabajar en esa línea. Otro de los acuerdos que el Ejecutivo tiene en la mira es el de la Unión Europea-Mercosur, resistido por Francia pero con el visto bueno de varios países europeos. «En estas condiciones, a Argentina no le sirve seguir en el bloque regional, si no podemos hacer acuerdos de libre comercio entonces la idea es salir», aclararon desde Balcarce 50.

Declaración.

«Queremos que se habilite a hacer tratados bilaterales sin pedir autorización o que el Mercosur sea mercado común de libre comercio. Irse no es el Plan A, ese es que podamos comerciar de la mejor manera. El Plan B es que el Mercosur sea de libre comercio. Y si nada de eso ocurre, el Plan C es salir», reveló una fuente del entorno presidencial.

Profundizá.

Antecedente.

Durante la presidencia de Alberto Fernández, quien tuvo un reclamo similar había sido el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, que había anunciado conversaciones con China para firmar un tratado de libre comercio por fuera del bloque regional y que pedía «flexibilizar» el organismo. Ambos mandatarios se cruzaron en medio de la cumbre y Fernández había pedido que el resto de los países no se «ilusionaran» con la idea de separarse del Mercosur.



Fuente: CORTA

Diez gobernadores de Juntos por el Cambio emitieron hoy un documento conjunto donde exigen la aprobación del Presupuesto Nacional 2025 y el cumplimiento de transferencias federales adeudadas.

Por qué importa.

El respaldo de estos mandatarios provinciales es clave para que el Gobierno nacional logre aprobar el Presupuesto 2025 en el Congreso. Sin embargo, condicionan su apoyo a que se garanticen recursos que les corresponden por ley y que actualmente no están recibiendo.

Los firmantes.

El documento fue suscrito por Gustavo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Jorge Macri (CABA), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Ignacio Torres (Chubut), Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).

En detalle.

Los gobernadores destacaron haber realizado «un fuerte ajuste fiscal y una baja sustancial del gasto político» en sintonía con las medidas del presidente Javier Milei. Pero reclaman el cumplimiento de varios puntos:

• Actualización de la Compensación del Consenso Fiscal según los porcentajes establecidos por ley
• Financiamiento de las cajas jubilatorias provinciales no transferidas
• Reasignación de fondos del Impuesto a Combustibles Líquidos para obras prioritarias
• Reducción de aportes provinciales al financiamiento de AFIP

Apoyo al presupuesto.

Los mandatarios consideran que el Presupuesto 2025 es una «herramienta de gestión» necesaria para «consolidar la confianza de los mercados» y «seguir avanzando en la lucha contra la inflación». Sostienen que «el equilibrio fiscal es innegociable, tanto como el cumplimiento de la ley» y que «la mayoría de los argentinos no quiere regresar al pasado».

Comunicado completo.

POR UN PRESUPUESTO CON EQUILIBRIO FISCAL QUE CUMPLA CON LA LEY 

Los gobernadores firmantes consideramos que es central la sanción del presupuesto nacional. Tenemos la firme convicción de que el gobierno nacional debe contar con esta herramienta de gestión para consolidar la creciente confianza de los mercados, seguir avanzando en la lucha contra la inflación, generar confianza en los inversores y, como corolario, crear puestos de trabajo en el sector privado.

Como hicimos durante todo este 2024, le hemos manifestado a las autoridades nacionales nuestra predisposición a alcanzar un acuerdo que garantice el equilibrio fiscal, y que en simultáneo resuelva asimetrías y desigualdades en las responsabilidades gubernamentales de las provincias y los recursos que les corresponden por ley. En el nuevo contexto, nos hemos hecho cargo de la totalidad de las áreas de gestión, pero no disponemos de los fondos que nos corresponden por ley. Dicho en otras palabras, no pedimos discrecionalidad, sino respeto, diálogo y cumplimiento de la ley para cumplir con quienes mayoritariamente confiaron en nosotros en cada una de nuestras jurisdicciones.

Este año para las provincias argentinas ha sido el peor en términos de recaudación y caída de recursos desde el retorno de la democracia. A esto se suma que muchos de los gobernadores firmantes asumimos en diciembre del 2023 con herencias de administraciones que durante décadas dilapidaron los recursos de los contribuyentes, situación que nos obligó a hacer extremadamente cuidadosos y austeros con cada peso que ingresa a las arcas provinciales. 

Apalancados en las medidas del presidente Milei, hemos hecho un fuerte ajuste fiscal, una baja sustancial del gasto político y hemos eliminado privilegios de los presupuestos provinciales que eran irracionales y no tenían ninguna justificación. Esta es una batalla cultural que dimos y damos entre todos, y que merece ser destacada ya que no hay antecedentes en la historia reciente donde el gobierno nacional y gran parte de los gobiernos provinciales avanzan en la misma dirección por convicción.

En este contexto, planteamos en numerosas oportunidades la importancia de alcanzar acuerdos con el gobierno nacional que, a pesar de no haber logrado avances concretos este año, deberían sí ser parte del presupuesto nacional del 2025. Sin ser exhaustiva, la lista de reclamos realizados abarca los siguientes puntos:

1. Compensación del Consenso Fiscal. Desde el primer trimestre del 2023 y durante todo el 2024, el gobierno nacional ha actualizado las transferencias de la compensación en un porcentaje inferior al determinado por ley, generando una deuda para las jurisdicciones beneficiarias que se incrementa mes a mes.

2. Cajas de Jubilaciones no transferidas. Las provincias que conservan sus cajas previsionales aportan recursos a la ANSES, pero el gobierno nacional ha incumplido con la normativa que lo obliga a financiar las cajas deficitarias. Esto genera una situación de inequidad fiscal entre las distintas provincias, afectando los sistemas previsionales, y generando un fuerte pasivo para los Tesoros Provinciales.

3. Impuesto a los Combustibles Líquidos. El gobierno nacional recauda un impuesto coparticipable que tiene una serie de asignaciones específicas para destinos que han sido discontinuados (subsidios al transporte urbano) o cuya ejecución es poco clara. En este marco, dichas asignaciones específicas deberían eliminarse para que se ejecuten en obras prioritarias de infraestructura o en subsidios provinciales al transporte público de pasajeros.

4. Con la eliminación de los cargos jerárquicos de la AFIP, solicitamos al gobierno nacional que se reduzca el aporte que realizan las provincias con sus recursos a los salarios y financiamiento de esa mega estructura ahora disuelta. Salvo a las provincias que no hayan convenido tal deducción o cuenten con fallo favorable.

Vale destacar que estas medidas no afectan el equilibrio fiscal, dado que representan apenas el 0.3% del Producto Bruto Nacional y pueden ser fácilmente compensadas por otros recortes o eliminación de algunas de las excepciones impositivas que, en conjunto, alcanzan tres puntos del PIB. Además, son reclamos que, por las leyes vigentes y las normas y pactos preexistentes entre la Nación y las provincias, deben ser atendidos. Creemos que la búsqueda de consensos es la salida a estas asimetrías, evitando así la judicialización de demandas por incumplimientos de la Nación.

Son cuestiones que hemos conversado con el Gobierno desde el inicio de nuestras gestiones, sin éxito por el momento. El equilibrio fiscal es innegociable, tanto como el cumplimiento de la ley. No dejemos pasar esta oportunidad, la mayoría de los argentinos no quiere regresar al pasado, y asumimos nuestra responsabilidad y compromiso para seguir acompañando en este camino.

Fuente: CORTA