Los gobernadores de Chubut y Entre Ríos, Ignacio Torres y Rogelio Frigerio, llegarán a partir de las 17 a la Casa Rosada para firmar la adhesión al nuevo régimen de información fiscal anunciado por el Gobierno, según pudo confirmar tras hablar con fuentes oficiales.

Por qué importa.

El Ejecutivo busca que todos los gobernadores se plieguen al nuevo sistema y prometió penalidades para los distritos y bancos que no adhieran.

En detalle.

Torres y Frigerio se suman a los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), que fueron los primeros en sumarse al nuevo plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos. Ambos están citados para las 17 y las 17:30. El chubutense había dado signos de estar de acuerdo con el plan del ministro de Economía, Luis Caputo, y  había dicho días atrás que «sería absurdo» no acompañar el plan del Gobierno si el objetivo es «facilitarle la vida al contribuyente».

Contexto.

Con la presencia de Caputo, el titular de ARCA, Juan Pazo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausilli, el Gobierno anunció el plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos, que modifica el régimen de información de operaciones a ARCA y establece un sistema simplificado de ganancias. 

En el punto a punto del plan se encuentran medidas como la derogación de regímenes informativos para compras con tarjetas de crédito, debito y billeteras virtuales para consumos personales y también la creación de un regimen simplificado de ganancias, entre otras medidas.

Profundizá.

Gobernadores.

El martes, los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño tendrán una reunión en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) en la Ciudad de Buenos Aires para conversar sobre la situación actual de la obra pública en el país y la caída en los ingresos provinciales producto de la baja recaudación. 

Desde el Gobierno revelaron que, finalizado ese encuentro, unos seis gobernadores pasarán por la Rosada para firmar la adhesión al regimen impositivo, entre ellos Alberto Weretilneck (Río Negro) y Claudio Poggi (San Luis), según pudo corroborar este medio tras hablar con los entornos de los mandatarios provinciales.




Fuente: CORTA

Nadie pronunció el nombre de Axel Kicillof, pero su fantasma sobrevoló toda la reunión del Consejo Nacional del PJ. Fue una especie de sujeto tácito. Hábil, la presidenta del partido, Cristina Fernández de Kirchner, había convocado a Juan Manuel Olmos, responsable de la campaña porteña, para que brinde un informe cuyo corazón estaba en los riesgos a los que se expuso Jorge Macri al desdoblar las elecciones. Mostró, por ejemplo, cómo la imagen del jefe de Gobierno porteño se fue en picada en un puñado de meses, los que pasaron entre que anunció el desdoblamiento hasta el momento de ir a las urnas. Pasó de un 50-50 a tener dos tercios de negativa. El arsenal mediático y de redes libertarias se lo comió. Una red flag gigante, izada en la Ciudad de Buenos Aires, tan alto como para que la vean del otro lado del Riachuelo y de la avenida General Paz. De ser posible, desde La Plata.

Olmos puso como ejemplo, negativo naturalmente, la jugada de Juan Manuel Abal Medina, que fue por afuera y terminó en una experiencia casi testimonial. Otros, varios, pidieron equilibrio entre la potencia electoral y las garantías de representación posteriores. El formoseño José Mayans fue uno de ellos. Un dardo indirecto a los gobernadores, cuyas necesidades todos entienden, pero la prioridad en el armado de las listas, quedó claro en la reunión, debe estar puesta en personas dispuestas a ir a la guerra contra el Gobierno. No necesitan legisladores, sino soldados para reforzar la trinchera de la resistencia. Nadie mencionó para ejemplificar esta urgencia el nombre de Edgardo Kueider. No hizo falta.

El sentido de la reunión fue claro: Cristina se sacó de encima cualquier responsabilidad de lo que, cree, será una derrota en la PBA. «Lo que tenía para decir, lo dije en su momento», aclaró. Nadie se fue con la tranquilidad con la que contaban algunas semanas atrás, respecto a su voluntad de ser candidata este año. También puso sobre la mesa las elecciones de 2023: dijo que si ese año lo que era Juntos por el Cambio (JxC) y La Libertad Avanza (LLA) iban juntos, el peronismo hubiera perdido la Provincia. Este año, a diferencia de esa vez, efectivamente irán juntos.

Es paradójico el escenario para Kicillof. Si el peronismo pierde, el costo será todo de él, como responsable de la táctica electoral; y si el peronismo va all in a las desdobladas de septiembre y juega con CFK en la tercera sección electoral y con Sergio Massa en la primera y logra una victoria que hoy no asoma con claridad, serán ellos y no el gobernador los que capitalicen el triunfo. Un triunfo que hoy no se anima a pronosticar casi nadie. Para Kicillof la jugada es de win-win, pero exactamente al revés.

La bronca federalizada.

No solo en el Instituto Patria hay bronca con el desdoblamiento bonaerense. El plan de provincialización de las elecciones de Kicillof nacionalizó el enojo. En el peronismo alertan por la onda expansiva de una derrota en septiembre. Hablan de la «federalización» de un resultado adverso en las desdobladas de PBA. 

Un dirigente peronista con mucha experiencia electoral en su provincia lo pone en palabras: «Si el mejor gobernador de la historia de Buenos Aires, el líder del peronismo sin CFK, sin causas de corrupción, impoluto, lindo, pierde, ¿cómo le digo al militante del último pueblito de mi provincia que salga a militar para octubre porque vamos a ganar?».

Una alerta en el Senado de la Nación.

Otra figura del peronismo, que busca renovar este año su banca en el Senado, sincera la bronca: «Lo de Axel nos está llevando puesto a todos». Fueron varios los consejeros y consejeras que pusieron una lupa sobre el Senado, donde después de perder la mayoría, el peronismo se expone a quedarse con la bancada más chica de su historia, si los pronósticos más trágicos se consolidan.

Mayans, el senador con más experiencia de los que hoy integran el bloque de Unión por la Patria (UxP), trajo del recuerdo la última experiencia de gobierno peronista, el Frente de Todos (FDT). Durante el gobierno de Alberto Fernández, y con CFK a cargo del Senado, se estableció un mecanismo por el cual la Cámara alta blindaba con su mayoría los decretos presidenciales. Si el presidente Javier Milei lograra quedarse con la mayoría del Senado, sugirió el formoseño, «no manda una ley nunca más», según relató una fuente que presenció la reunión.

LLA se financia con la del Estado.

Rafael Cuchinelli era el jefe de la dependencia de Anses en Cipoletti, Río Negro. Lo echaron. Según él, por negarse a destinar el 10% de su salario al partido, LLA. El partido tiene personería legal hace apenas un mes, por lo que hasta ahora ni siquiera tenía cuenta en un banco. Según el relato del ahora exfuncionario, cada militante libertario designado en un cargo público debía llevar el equivalente a un diezmo, en efectivo, y entregarlo en mano a quien la diputada nacional Lorena Villaverde designara para la recaudación. «Nunca hice el aporte. Se hacía por sobre, a quien se designaba para hacer», confirmó en declaraciones a FutuRock.

Este medio consultó a la diputada Villaverde por este caso y confirmó el despido. «No cumplía con su función como corresponde y sus valores éticos y morales no se ajustan a los de nuestro espacio», respondió. Pero aportó un dato más: la Carta Orgánica de LLA en Río Negro, recientemente avalada por la Justicia provincial, contiene como parte del financiamiento del partido las contribuciones de «los afiliados que ocupen cargos públicos, habiendo sido designados mediante contratación». Alguien, presumiblemente ella misma, determinó que ese aporte obligatorio sea el 10%.

Ante otra consulta de este medio, Villaverde detalló que «quienes acceden a un cargo electivo o funcional a través de un espacio político partidario tienen que realizar el aporte partidario correspondiente».

Nadie debería alarmarse por esto. No hay espacio político que no haya usado las extensas redes territoriales de la Anses y el PAMI para reforzar sus estructuras políticas. El punto, quizás, sea cómo marida este financiamiento con recursos del Estado del partido libertario que viene a detonar el Estado. O con la idea de que en la función pública tienen que estar las personas más aptas para las tareas a realizar y no militantes del partido de gobierno. Nadie quiere creer que los miles de despidos en organismos estatales que celebran en el Gobierno hayan sido para ser reemplazados, parcialmente, por libertarios a sueldo.

Río Negro no es el único.

Según la información con la que cuenta la Cámara Nacional Electoral (CNE), publicada en su página web, no es LLA de Río Negro la única sucursal del partido libertario que obliga a sus «funciomilitantes» a depositar en las cuentas del partido una parte de su sueldo. En Mendoza es exactamente igual, por ejemplo; en La Pampa, la Carta Orgánica fija el aporte en un 15%; en Entre Ríos es un poco menos, 8%.

Muchos partidos contemplan en sus estatutos los aportes de aquellos militantes que accedan a cargos electivos. La novedad en LLA es hacerlo extensivo a funcionarios en estamentos del Poder Ejecutivo y hasta asesores de funcionarios.

Hay morales y morales.

Es curioso que la diputada Villaverde haya puesto el ojo sobre las facultades morales del funcionario de la Anses que echó. Hace un tiempo, en una sesión en el Congreso, su coprovinciano y exministro, Martín Soria, le recordó que tiene vedado el ingreso a los Estados Unidos por una causa que pesa sobre ella, por tenencia de cocaína, de 2002.

Además de esto, Villaverde tiene otras causas en su provincia. En una, está denunciada por un negocio inmobiliario en la localidad de Las Grutas, acusada de entregar los lotes sin cumplir con las condiciones de urbanización previstas en los contratos, como la apertura de calles, pese a haber cobrado la totalidad del loteo. En otra, por afiliaciones truchas a LLA: en las fichas aparecían docentes que nunca habían firmado nada y hasta personas muertas.



Fuente: CORTA

El presidente Javier Milei, junto al ministro de Salud, Mario Lugones, se reunió esta mañana con el secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert Kennedy Jr, en Casa Rosada. 

Por qué importa. 

El Ministerio de Salud confirmó ayer en un comunicado que el país se retirará de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y enmarcó la decisión en la visita de Jennedy Jr al país. En el texto se asegura que «las recetas de la organización no funcionan porque no están basadas en la ciencia, sino en intereses políticos y estructuras burocráticas que se resisten a revisar sus errores». 

El responsable argentino de la cartera de salud dijo: «Compartimos pareceres y definimos posibles líneas de trabajo conjunto».

Quién es Robert Kennedy Jr. 

El secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos es abogado, sobrino del expresidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy y reconocido por sus críticas a las vacunas. En 2007 fundó la organización Children’s Health Defense, que sostiene una postura negativa sobre las vacunas, asegura que «no merecen el crédito de reducir las enfermedades contagiosas» y las relaciona con «el aumento del autismo». 

Por otro lado, Kennedy Jr impulsó el movimiento Make America Healthy Again (MAHA) -Hagamos a Estados Unidos aludable e nuevo-, formó la comisión MAHA desde con el Gobierno del presidente Donald Trump y recientemente presentó un informe en el que pidió revisar pesticidas, vacunas y alimentos ultraprocesados. Además, el secretario anunció hoy en X que en su país «la vacuna contra la COVID-19 para niños sanos y mujeres embarazadas sanas se ha retirado del mercado» .

También importa. 

El Gobierno nacional aseguró ayer que pondrá el foco en la fabricación, aprobación y supervisión de las vacunas «con el objetivo de que las decisiones sanitarias estén basadas en evidencia pública, verificable y con controles efectivos». 

Al mismo tiempo, adelantó que «se impulsará que las vacunas sean sometidas a estudios clínicos con grupo placebo como estándar mínimo» y argumentó: «Un ejemplo claro de esta necesidad es la vacuna conta el COVID-19, aplicada sin grupo de control y bajo condiciones de aprobación excepcionales». 


Fuente: CORTA