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El estado de las rutas nacionales: obras frenadas, caída en la inversión y conflictos laborales

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Desde que asumió la presidencia Javier Milei, los corredores viales nacionales sufrieron una reducción de la inversión pública en obras y mantenimiento. Además, en los últimos meses ocurrieron dos hechos clave para el futuro de rutas y autopistas: la intervención de Corredores Viales SA por parte del Gobierno y el fin de la concesión de Caminos del Río Uruguay que derivaron en conflictos laborales que todavía siguen en pie.

Por qué importa.

Según cifras oficiales, la red vial cuenta con cerca de 640.000 km de rutas, autopistas, autovías y caminos entre todas las jurisdicciones: Nación, provincias y municipios. De este total hay unos 38.000 km bajo la gestión de Vialidad Nacional, de los cuales solo el 10% es de alta transitabilidad: 1.500 km de autopistas y 2.300 km de autovías.

En números.

De 2023 a 2024, el Estado invirtió 43% menos en construir rutas, autopistas y autovías y de 2024 a 2025 la inversión cayó 34%, según datos de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública. En cuanto al mantenimiento y repavimentación, de 2023 a 2024 el Ejecutivo nacional invirtió 29% menos y de 2024 a 2025, 21% menos.

Pero.

El Estado nacional recauda, a través del Impuesto al Combustible (ICL), fondos destinados específicamente a obras viales y mantenimiento de rutas. En abril, el ICL aumentó 44% (Instituto Argentino de Análisis Fiscal).

En detalle.

La red vial nacional se divide en dos sistemas: uno estatal, gestionado por la Dirección Nacional de Vialidad y otro concesionado a empresas, que recaudan a través de los peajes. La principal empresa que gestiona el sistema vial es pública: Corredores Viales.

Qué pasó.

El 1° de abril, el Gobierno intervino Corredores Viales como paso previo a su privatización.

Los argumentos fueron que gran parte de los tramos «estaban en un estado malo o crítico» y que «los contratos de obra estaban paralizados». Esto cerró la puerta a sus empleados para discutir condiciones de trabajo y negociar paritarias.

Denuncia.

El Sindicato Único de Trabajadores de Peajes (SUTPA) denunció  ante la Secretaría de Trabajo de la Nación irregularidades e incumplimientos en las condiciones laborales y de seguridad de todos los sectores de Corredores Viales y el retraso paritario desde enero, pero no hubo respuesta. Ante esto, el sindicato convocó a un paro en los 10 tramos de la empresa. Tres días después, en el marco de la medida de fuerza, la empresa echó sin causa a 117 trabajadores.

Además.

En paralelo, el 8 de abril venció la concesión de Caminos del Río Uruguay S.A (CRUSA), que mantenía las rutas 12 y 14 y 174, claves para la conexión con el MERCOSUR. Hoy  están en manos del Gobierno Nacional – a través de Vialidad Nacional, porque todavía no lanzó la licitación para su privatización (aunque la habían anunciado para principios de abril), para que una nueva empresa se haga cargo. Mientras tanto, se levantó el cobro de peaje y con ello todos los servicios al usuario. Según CRUSA, algunas autoridades y organizaciones provinciales, esto pone en riesgo las mínimas condiciones de seguridad.

Conflicto.

A partir de este hecho, 500 trabajadores quedaron sin continuidad laboral y sin indemnización, con la empresa en convocatoria de acreedores y declarada en quiebra por la Justicia el 29 de abril. Para el SUTPA, «la empresa debe garantizar las indemnizaciones y el Estado asegurar que suceda». Para el Estado, «la solución es del sector privado». Para CRUSA «es imposible hacerle frente al pago de las indemnizaciones con la tarifa retrasada desde hace años, responsabilidad de Vialidad Nacional».





Fuente: CORTA

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Diputados: qué consiguió aprobar la oposición y por qué se levantó la sesión

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En la Cámara de Diputados se llevó a cabo hoy una sesión especial que tenía como principales temas la Ley del Financiamiento de las Universidades, la recomposición salarial para docentes de los niveles educativos obligatorios y la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias en salud. Si bien se aprobaron algunas cuestiones, la sesión fue levantada por el presidente de la Cámara, Martín Menem

En detalle. 

La oposición logró aprobar por mayoría simple dos emplazamientos para obligar al oficialismo a dictaminar los proyectos en comisión. El primero tiene que ver con la Ley de Financiamiento Universitario, y el segundo con la emergencia sanitaria para el Hospital Garrahan.

Sin embargo, el clima comenzó a tensarse cuando el diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, presentó una moción para emplazar para el martes 15 a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento y que de este modo se ponga en tratamiento un nuevo proyecto para modificar la resolución que creó la comisión investigadora del caso $Libra. El ambiente se alborotó dado que el oficialismo sostenía que la cuestión no formaba parte del temario del día y se dejó la votación para el final de la sesión.

Luego, continuaron los cruces por el juicio de YPF y el conflicto entre Israel y Palestina, pero la situación se desbordó cuando se hizo referencia a la detención de las militantes que vandalizaron la casa de José Luis Espert. De esta manera, los diputados de Unión por la Patria y La Libertad Avanza se levantaron de sus bancas para enfrentarse y Martín Menem resolvió levantar la sesión por falta de quórum.





Fuente: CORTA

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Residencias: qué cambios habrá tras la resolución del Ministerio de Salud

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El Gobierno decretó hoy cambios en el régimen de las residencias médicas y los profesionales deberán elegir entre dos tipos de becas. 

Por qué importa. 

La decisión del Gobierno desliga la actividad del carácter de empleo en el contexto de un conflicto con los residentes del Hospital Garrahan, quienes denuncian desde mayo una «crisis sanitaria», reclaman que el presupuesto está congelado desde 2023 y por los bajos sueldos. 

En detalle. 

La Resolución 2109/2025determina que el residente deberá elegir entre dos opciones. Por un lado, la «Beca Institución», que implica percibir la remuneración completa sin descuento bajo ningún concepto y con la posibilidad de que se sumen eventuales aportes adicionales por parte de la institución. Por el otro, está la «Beca Ministerio» -similar al sistema actual-, en la que se aplican los aportes previstos en el régimen previsional y la incorporación a la obra social de los Trabajadores del Estado, aunque no podrán sumarse eventuales importes adicionales o bonificaciones. En ambas modalidades los fondos son garantizados por el Ministerio de Salud. 

Además. 

El Ejecutivo dispuso una modificación en el cálculo del valor final del orden de mérito del concurso respectivo. A partir de este cambio, y luego de rendir un examen, quienes tengan la formación de grado completa en Argentina tendrán puntos adicionales. 

En el caso de las «Becas Institución», el Gobierno exigirá una rendición de cuentas y la nómina detallada de los residentes.

Las críticas.

  •  El jefe de servicio de Hemato-Oncologia del Garrahan consideró hoy en Urbana Play «es un retroceso bastante grande, va a ir en detrimento del ingreso y seguro opten por no ingresar» y agregó: «Acá no hay presupuesto». 
  • A su vez, desde la Asamblea de Residentes Garrahan sostuvo en su cuenta de Instagram que «el Ministerio de Salud decidió cerrar la residencia de pediatría más prestigiosa del país, y lo hizo por la puerta de atrás: transformándolo en una beca precarizada».

También importa.

La actualización del reglamento que rige el Sistema Nacional de Residencias de la Salud, según explicó el Gobierno en el Boletín Oficial, se actualiza para «ofrecer mejoras en las condiciones de financiamiento de las becas y faciliten la gestión integral del proceso administrativo-pedagógico». A su vez, consideró que los cambios «constituyen un proceso de mejora continua y susceptible de futuras modificaciones que permitirán lograr la máxima calidad con la mayor celeridad». 




Fuente: CORTA

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YPF: qué dice el Gobierno y qué dice Kicillof sobre la estatización

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El presidente Javier Milei apuntó ayer contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, después de que la jueza del Distrito Sur de Nueva York Loretta Preska le ordenara a Argentina que entregue el 51% de las acciones Clase D de YPF, y el mandatario provincial respondió que «recuperar YPF fue una de las decisiones más importantes de la historia reciente». 

La postura de Milei.

Después de que se le exigiera al Estado argentino que transfieran los fondos a los demandantes Burford Eton Park por la nacionalización de YPF en 2012, Milei consideró ayer en X que se trata de «un fallo contra Kicillof» y recordó que fue el viceministro de Economía en 2012 cuando se aprobó la estatización de YPF en el Congreso con 208 votos afirmativos en Diputados y 63 en el Senado. 

Por otro lado, el presidente había anunciado en 2023 que su Gobierno crearía un nuevo impuesto llamado la «Tasa Kicillof» para pagar el juicio por la nacionalización de la empresa. «Así, los argentinos tendremos que pagar todos los años una determinada cantidad de dólares por el error monstruoso que él cometió», apuntó Milei. A su vez, cuando fue candidato propuso «racionalizar YPF para después venderla» porque «desde que se nacionalizó está bastante mal porque perdió el 90% del valor». 

Qué dijo Kicillof.

El gobernador consideró que se trata de un «disparate jurídico», advirtió que «lo más peligroso es que el propio presidente elija ponerse del lado de los poderes extranjeros y no del lado de los intereses nacionales que debe representar y proteger» y consideró que se trata de una «nueva agresión de los buitres, que cuenta ahora con la complicidad del topo en la Casa Rosada». 

En contexto. 

En el fallo, la jueza recordó que en 2012 el Gobierno argentino «ejerció control indirecto sobre el 51% de las acciones Clase D de YPF pertenecientes a Repsol» a través de la Ley 26.741, conocida como la Ley de Expropiación de YPF, que declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación del patrimonio de las acciones de Repsol. 

En aquel momento, el Gobierno argentino consideró que la compra de acciones del Grupo Petersen a Repsol fue fraudulenta y que el estatuto de la empresa iba contra la Constitución. Sobre la nacionalización de la petrolera, Kicillof opinó en El Método Rebord en 2023 y aseguró: «Hay una cuestión de soberanía en este caso. Con una mayoría tremenda se aprobó la recuperación de YPF usando la Ley de Expropiación y elementos de la Constitución». 

Además. 

El exviceministro de economía Emmanuel Álvarez Agis remarcó hoy en Radio Con Vos explicó que, con la privatización de YPF, «el Gobierno de Ménem escribió un estatuto que fijó que si el Estado recupera más del 49% del paquete accionario queda obligado a comprarle al resto de los accionistas a un valor compañía que era 4 veces mayor de lo que valía YPF en el mercado» y agregó: «Abogados del Estado y estudios jurídicos privados dictaminaron que ese estatuto se contradice con la Constitución, esa es la razón por la que el Estado entendió que con la expropiación no tiene que hacer una oferta al resto de los accionistas». 

También importa. 

Burford Capital, el demandante contra el Estado argentino que adquirió los derechos de las acciones de YPF del Grupo Petersen después de que el país nacionalizara la empresa, citó en su demanda de 2015 los dichos de Kicillof en el Senado cuando se debatía la expropiación de la petrolera: «los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto». 

A su vez, la jueza Preska lo mencionó en el fallo: «El señor Kicillof declaró descaradamente que sería ‘estúpido’ cumplir ‘la ley de la propia YPF’ o ‘respetar’ sus estatutos. Posteriormente, la República promulgó la legislación que, supuestamente, le permitió adquirir el control de YPF sin ser ‘estúpido’ y cumplir los estatutos».




Fuente: CORTA

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