El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, dictó laconciliación obligatoria y de esta manera no habrá paro de pilotos este sábado 19 de julio, como lo había confirmado la Asociación de Pilotos de Líneas Aéres (APLA). La semana pasada, el Gobierno también intervino en el conflicto con los controladores aéreos, que prometía complicar el arranque de las vacaciones de invierno. ¿Qué dice el DNU de Javier Milei que originó la medida de fuerza de los pilotos?

De a cuerdo a la Ley N.º 14.786, se estableció un período conciliatorio de 15 días que entrará en vigencia desde las 00:00 horas del 19 de julio, para cuando estaba estipulado el inicio de la medida de fuerza de los pilotos. El comunicado de la Secretaría de Trabajo insta al sindicato a «mantener la mejor predisposición y apertura para negociar las actuales diferencias y contribuir a la paz social».

De esta manera, APLA, los empleadores nucleados en la Cámara de Líneas Aéreas de la República Argentina (CLARA) y la Secretaría de Trabajo deberán sentarse a negociar para llegar a un acuerdo en las próximas dos semanas. Una vez vencido ese plazo, el Gobierno podría prorrogar la negociación por otros 5 días.

¿Por qué los pilotos habían convocado a un paro?

El paro se iba a realizar en reclamo a la decisión del Gobierno de aumentar los tiempos de servicio y reducir los de descanso por Decreto. A comienzos de junio de este año, el Poder Ejecutivo dispuso cambios en el Código Aeronáutico por Decreto (378/2025). Entre los artículos que más malestar generan en APLA se destacan:

• El mínimo de descanso semanal pasa de 36 a 30 horas.
• El máximo de horas diarias de vuelo pasa de 10 a 8 horas, pero el anual de 800 a 1000.
• Se excluye el tiempo de traslado del personal al aeropuerto como inicio o finalización del servicio.
• El tiempo mínimo de vacaciones pasará a ser de 15 días consecutivos. La norma anterior contemplaba otros 30 días adicionales a los 15 que dicta la Ley.

APLA, quien convoca al paro, tiene afiliados en Aerolíneas Argentinas, Andes y American Jet, mientras que las low cost como Flybondi y Jetsmart tienen sus propios sindicatos de empresa.

Fuente: Página 12

La jueza estadounidense Loretta Preska emitió hoy otro fallo en contra de Argentina, en el que rechaza suspender la transferencia de acciones de la petrolera nacional YPF a Burford. 

En detalle.

Preska indicó que Argentina no cumplió con los requisitos previos que le habían permitido acceder a la suspensión del fallo dictado en septiembre de 2023, sin necesidad de presentar garantías. 

A su vez, acusó al país de intentar «evadir sus responsabilidades» y recurrir a maniobras dilatorias. El documento judicial señala que, aunque se le concedió una prórroga al Gobierno Nacional para facilitar la transición, el país «utilizó al máximo el tiempo adicional», pero «no hizo ningún intento por cumplir con las condiciones establecidas». Por su parte, el Estado argentino ya había apelado a la Cámara y es probable que refuerce esa apelación nuevamente. 

Cita.

• «La República alega que se producirá un daño irreparable si el Tribunal no suspende su Orden de Turnover, pero cualquier supuesto daño se deriva directamente de las propias acciones de la República al retrasar e intentar eludir sus obligaciones en virtud de la sentencia», sostuvo la Preska.
• «La República aprovechó al máximo el tiempo extra, pero no hizo ningún esfuerzo por satisfacer las condiciones requeridas por el Tribunal. Ahora, la República alega que se producirá un daño irreparable si el Tribunal no suspende su orden de entrega, pero cualquier supuesto daño surge directamente de las propias acciones de la República al retrasar e intentar eludir sus obligaciones en virtud de la sentencia», agregó el escrito.

Contexto. 

La semana pasada, el Gobierno Nacional presentó los argumentos por los cuales se opone a la orden de Preska, de transferir el 51% de las acciones estatales de YPF al bufete inglés Burford Capital. 

Los argumentos del Estado en «defensa de la soberanía y de los intereses del país»:

1. «Naturaleza excepcional del caso y cuestiones legales sin resolver: no es una disputa comercial ordinaria, sino un caso sin precedentes con un fallo de USD 16.100 millones, aún apelado, que plantea cuestiones jurídicas complejas, sobre las cuales incluso el gobierno de EEUU discrepa con la decisión del tribunal».
2. «Daño irreparable e imposibilidad legal de cumplimiento: la ejecución de la orden de turnover obligaría a Argentina a violar su propia legislación y perder el control sobre YPF de forma irreversible».
3. «Ausencia de perjuicio para los demandantes y fuerte interés público en mantener el statu quo: los demandantes no sufrirían daños por la suspensión, ya que la legislación argentina impide vender acciones de YPF sin aprobación legislativa. Además, la ejecución inmediata podría afectar a terceros no involucrados (como las provincias y bonistas) y activar cláusulas contractuales adversas para YPF, por lo que mantener el statu quo favorece el interés público». 

Profundizá.

Kicillof.

Una semana antes de los argumentos del Gobierno Nacional, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, hizo lo propio y explicó que el fallo de Preska «no tiene validez legal» dado que no puede «hacer prevalecer el estatuto de una empresa privada sobre la Constitución Nacional». 

Además, el mandatario provincial calificó el mismo como un «ataque a la soberanía argentina» y aseguró que «es una vergüenza que una jueza extranjera resuelva que nuestra Constitución no vale nada». 



Fuente: CORTA

El Senado aprobó hoy con 52 votos afirmativos, 0 negativos y 4 abstenciones el aumento a la jubilaciones y con 39 votos afirmativos, 14 negativos y 1 abstención la prórroga de la moratoria previsional. La emergencia en discapacidad se aprobó de forma unánime con 56 votos. 

Por qué importa.

El presidente Javier Milei adelantó hoy que vetará los proyectos jubilatorios y de discapacidad y que, si rechazan su veto, judicializará esa impugnación. «Están desesperados porque en octubre la libertad arrasa», sentenció.

En detalle.

En total son cinco los proyectos que el Ejecutivo rechaza y la oposición busca poder debatir: aumento a las jubilaciones, nueva moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. Los otros dos tienen que ver con los fondos que Nación les transfiere a las provincias por medio del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional y de los fideicomisos financiados con el impuesto a los combustibles. Los primeros tres ya cuentan con media sanción de la Cámara de Diputados, por lo que podrían convertirse en ley. Sin embargo, podrían ser vetados por el presidente Javier Milei. 

Moratoria previsional y jubilaciones.

La aprobación en la Cámara Alta de ambos proyectos, ya convertidos en ley, implica que unas 220 mil personas podrían jubilarse, según una estimación de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Y un aumento de los haberes jubilatorios del 7,2%. 

Emergencia en Discapacidad.

La flamante ley propone regularizar pagos, actualizar aranceles para los prestadores de servicios, reformar el sistema de pensiones no contributivas, reforzar la Agencia Nacional de Discapacidad y cumplir con el cupo laboral para personas con discapacidad. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, adelantó que el presidente la vetará dado que lo considera «regresivo y asistencialista».

Emergencia en Bahía Blanca.

El proyecto vetado por el Gobierno recibió 55 votos afirmativos, ninguno en contra, y fue girado a Diputados. Si se aprueba por los dos tercios, se convertirá en ley automáticamente. Dicho texto declara la emergencia en los municipios de Bahía Blanca y Coronel Rosales, donde en marzo hubo grandes inundaciones. Asimismo, se propone la creación de un Fondo Especial de 200 mil millones de pesos para atender los daños, la exención de impuestos para los afectados y un plazo de gracia de 180 días para quienes perdieron su fuente de ingreso.

Fondos Nacionales.

Este proyecto, impulsado por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de Buenos Aires, propone que el Gobierno nacional coparticipe tanto el fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), como el impuesto a los combustibles. Por su parte, el mandatario rechazó el reclamo de los gobernadores y aseguró que «quieren destruir al Gobierno nacional».

Profundizá.

También importa.

El oficialismo cuestionó hoy la legitimidad de la sesión «por entender que son necesarios dos tercios de la Cámara para tratar los proyectos propuestos». Por medio de un tuit en X, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le pidió hoy a la vicepresidenta Victoria Villarruel que levante la sesión: «Levántese, Sra. Vicepresidente. No denigre la institución que preside. No sea cómplice del kirchnerismo destructor. Al menos siga del lado del pueblo que la votó para cambiar este país. No convalide a la corporación política más abyecta de la historia». Javier Milei retuiteó la publicación.

Villarruel le respondió a la ministra que la democracia fue denigrada «cuando personas que integraron orgas terroristas como en su caso», y que siempre combatió al kirchnerismo mientras Bullrich «pululaba de partido en partido». A su vez, sostuvo que la sesión de hoy «fue estipulada en fecha y hora en la sesión preparatoria anual» y afirmó: «Dejo categóricamente en claro que las 3 leyes con media sanción de Diputados no cuentan con dictamen, pero el recinto es soberano y votó en contrario». 

Fuente: CORTA