La condena contra Cristina Kirchner por la causa Vialidad se suma a la lista de los presidentes latinoamericanos electos en democracia que fueron declarados culpables por uno o varios delitos relacionados a la corrupción. 

En detalle. 

Desde la recuperación de la democracia en Argentina en 1983 hasta hoy, solo Carlos Saúl Ménem y Cristina Fernández de Kirchner recibieron condenas penales. En América Latina, están los casos de Lula da Silva en Brasil, Rafael Correa Delgado en Ecuador, Alberto Fujimori en Perú, Otto Pérez Molina en Guatemala. 

Carlos Saúl Menem, Argentina. 

• Presidencia: desde 1989 hasta 1995 y entre 1995 y 1999. 
• La causa: venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador.
• La condena: en junio de 2001 fue condenado y tuvo prisión domiciliaria en la quinta del exfuncionario Armando Gostanian, en Don Torcuato, Provincia de Buenos Aires.  
• El caso: fue declarado culpable por ser coautor del delito de contrabando agravado. Mientras se investigaba el caso, hubo una explosión en la fábrica militar de Río Tercero, Córdoba, que causó la muerte de siete personas y devastó la ciudad. Con la tragedia, muchas pruebas importantes se perdieron. 
• Qué pasó: en noviembre, la Corte Suprema lo liberó de la prisión. Resolvió que no estaba probada la asociación ilícita y que era imposible el delito de falsedad ideológica en los decretos que el expresidente dispuso para vender a Panamá y Venezuela las armas que terminaron en Croacia y Ecuador. En 2013 fue condenado a 7 años de prisión por esa misma causa. Sin embargo, la defensa de Menem apeló ante el máximo tribunal y en 2018 fue absuelto por la Cámara Federal de Casación Penal.  
• Además: en 2015 el expresidente fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión por el caso que investigó pago desobresueldos a funcionarios de sus gobiernos con fondos de la SIDE, pero defensa planteó que estaban vencidos los «plazos razonables» y el caso llegó a la Corte Suprema. Menem murió en febrero de 2021, antes de que se resuelva, y en diciembre de ese año la Corte aseguró que era «inoficioso» un pronunciamiento sobre su responsabilidad en la causa.  

Lula da Silva, Brasil. 

• Presidencias: entre 2003 y 2007, desde 2007 hasta 2011 y desde 2023 hasta 2017. 
• Causa: «Operación Lava Jato».  
• El caso: fue la mayor investigación sobre corrupción en la historia del país. Involucró a empresarios, dirigentes políticos y funcionarios públicos. Da Silva fue declarado culpable de corrupción y lavado de dinero en el marco de una investigación sobre el pago de coimas que involucró a la petrolera Petrobras y la constructora Odebrecht. 
• La condena: el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región de la ciudad de Porto Alegre confirmó en 2019 la condena a 12 años prisión y fue inhabilitado para participar en las elecciones presidenciales de ese año. 
• Qué pasó: estuvo 580 días en una prisión en Curitiba, Brasil, hasta que en noviembre de 2019, el Supremo Tribunal Federal revocó las condenas porque consideró que el proceso fue inválido. Lula salió en libertad, pero recién recuperó sus derechos políticos en el año 2021.

Rafael Correa Delgado, Ecuador. 

• Presidencia: entre 2007 y 2009, 2009 a 2013 y 2013 a 2017,
• La causa: Caso Sobornos 2012-2016. 
• El caso: la causa investigó la entrega de aportes irregulares por parte de contratistas del Estado a través de dinero que era usado en beneficio del partido oficialista, Alianza País. Según el Poder Judicial, la trama de corrupción permitía financiar al movimiento político liderado por Correa. Entre los contratistas involucrados está la empresa Odebrecht. El exmandatario fue declarado culpable del delito de «cohecho pasivo propio agravado». 
• La condena: en 2020, el Tribunal Penal de la Corte ratificó la investigación y Correa fue condenado a ocho años de prisión. Con ese dictamen el expresidente también fue inhabilitado por 25 años a cargos de participación política.
• Por qué no está preso: Correa tiene asilo político en Bélgica, donde vive desde que terminó su mandato, en 2017. El exmandatario denunció  «lawfare» como persecución política en su contra. En 2022, la Corte de Ecuador exigió su extradición de Bélgica a Ecuador para cumplir su condena. Sin embargo, por tener asilo político el reclamo de la justicia ecuatoriana quedó bloqueado.

Alberto Fujimori, Perú. 

• Presidencia: ganó las elecciones en 1990, en 1992 se hizo un autogolpe y gobernó hasta el 2000. 
• Causa: Caso Vladimiro Montesinos
• Condena: en 2009 fue sentenciado a siete años y seis meses de prisión.
• El caso: lo declararon culpable de la entrega de U$S15 millones, extraídos del tesoro público, a su asesor Vladimiro Montesinos. Los delitos fueron «peculado doloso, apropiación de fondos y falsedad ideológica en agravio del Estado». 
• Causa: Congresistas tránsfugas 
• Condena:  seis años de prisión.
• El caso: en 2009 lo declararon culpable por el soborno de un grupo de parlamentarios, espionaje telefónico a opositores y la compra irregular de un medio de comunicación. 
• Causa: Diarios Chicha
• Condena: 8 años. 
• El caso: en 2015 fue condenado por el desvío de 122 millones de soles al Servicio de Inteligencia Nacional para financiar los «diarios chicha». Sin embargo,  la Sala Permanente de la Corte Suprema lo absolvió en 2016.
• Qué pasó: en 2016 la Corte Suprema del país anuló la condena por «falta de pruebas». 
• Además:  en 2009 fue condenado a 25 años por crímenes contra la humanidad y violaciones de los derechos humanos, entre 1991 y 1992, tras la muerte de 15 personas y lesiones de otras cuatro, y de la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de 10 personas. En 2017, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski lo indultó y, en 2019, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia confirmó que ese indulto fue declarado carente de efectos jurídicos y Fujimori reingresó a prisión. Sin embargo, en 2023 el Tribunal Constitucional de Perú ordenó la excarcelación del expresidente y a los 9 meses falleció a los 86 años. 

Otto Pérez Molina, Guatemala. 

• Presidencia: entre 2012 y 2015.
• Causa: La línea.
• El caso: el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) acusaron a Pérez Molina de ser el líder de una red de fraudes en las aduanas.  Por este escándalo, en 2015 Pérez Molina perdió su inmunidad tras el voto unánime de los diputados. En ese contexto, y con una orden de captura emitida en su contra, Pérez Molina decidió renunciar al cargo de presidente de Guatemala. 
• Condena: 16 años de prisión. 
• La causa: Cooptación del Estado. 
• El caso: la fiscalía investigó la organización de una red que cobraba millonarias comisiones a contratistas estatales y acusó a la administración de Pérez Molina de elaborar una estructura criminal que vació al Estado entre 2012 y 2015. Otto Pérez Molina aceptó tres cargos que le acusó la Fiscalía: fraude, lavado de dinero y cohecho.
• Condena: ocho años. 
• Por qué no está preso: Pérez Molina estuvo detenido desde 2015 y en 2024 quedó en libertad condicional luego de entregar dos inmuebles como fianza.

Fuente: CORTA

Cristina Kirchner pidió ayer prisión domiciliaria, no usar tobillera electrónica, y tiene cinco días hábiles para presentarse en Comodoro Py para su detención y que comience la pena de seis años después de que la Corte Suprema de Justicia confirmara la condena en la causa Vialidad. 

En detalle. 

La defensa de la expresidenta -integrada por Carlos Beraldi y Ary Llernovoy- envió un petitorio al Tribunal Oral Federal 2, al que tuvo acceso este medio, en el que piden que se disponga de manera directa el arresto domiciliario en su casa del barrio porteño de Constitución, en San José 1111. 

Además, los abogados le solicitaron que no se le aplicara la tobillera electrónica, ya que «cuenta con una custodia permanente, a cargo de una fuerza de seguridad federal, lo que garantiza suficientemente que no se va a profugar». De no aprobarse, adelantaron que acudirán ante la Corte Suprema de Justicia y ante los organismos internacionales competentes en materia de derechos humanos. 

Prisión domiciliaria. 

En el pedido de la defensa para que la pena sea bajo la modalidad de detención domiciliaria, los abogados argumentaron que la medida es necesaria por la edad. También por razones de seguridad, ya que «la custodia de los exmandatarios constituye una cuestión de interés institucional, debidamente regulada por la normativa vigente; fue víctima de un intento de homicidio». 

• Sobre este punto, remarcaron que en la causa no se ha podido avanzar respecto a los autores intelectuales del intento de magnicidio y advirtó: «Según algunas líneas de la pesquisa, por el momento no descartadas, los instigadores del hecho mantendrían contactos directos con altos sectores del poder político y económico de nuestro país. Incluso, una de las personas sospechadas tiene relación directa con quien actualmente se desempeña como titular del Ministerio de Seguridad [ Patricia Bullrich], en cuya órbita actúa, el Servicio Penitenciario».

Además. 

Gregorio Dalbon, abogado de Cristina Kirchner, afirmó hoy en X que denunció ante la Corte Penal Internacional el caso de la expresidenta «por tratarse de un caso emblemático de detención y criminalización selectiva». Además, adelantó que también denunciarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sostuvo: «Las presentaciones estarán basadas en evidencias claras: violación del principio de juez natural, tribunales parciales, inversión ilegítima de la carga probatoria, medios de comunicación operando en coordinación con sectores judiciales, vulneración sistemática del debido proceso y uso del sistema penal como herramienta de neutralización política (lawfare)». 

También importa.

El Partido Justicialista (PJ) tendrá que renovar su presidencia ya que CFK estará inhabilitada para ejercer cargos públicos de por vida. Ayer, la exmandataria recibió la noticia de su condena en la sede del PJ junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; el exministro de Economía Sergio Massa, el diputado nacional Máximo Kirchner; el senador nacionalWado de Pedro; la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza; la senadora nacional Alicia Kirchner, el exprocurador de la Nación Carlos Zannini y el presidente de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos.



Fuente: CORTA

La Casa Rosada está expectante sobre la decisión que tomará hoy la Corte Suprema en la causa Vialidad, que tiene como condenada a la expresidenta Cristina Kirchner. Para varias fuentes de Balcarce 50 que dialogaron en off, la posible decisión del máximo tribunal de ratificar la pena sería un «error» y una «vergüenza para la Nación».

Por qué importa.

El presidente de la Corte, Horacio Rosatti, convocó a las 16 al resto de los ministros para definir sobre la causa Vialidad. La apuesta del Ejecutivo es vencer a la líder peronista en las elecciones locales de la provincia de Buenos Aires, donde competirá por la tercera sección bonaerense.

Qué dicen en Rosada.

«Cristina presa es una catástrofe para la Republica Argentina. Los expresidentes no pueden ir en cana. Es una vergüenza para la Nación», enfatizó un dirigente libertario a este medio y remarcó la necesidad de ganarle a la expresidenta en las urnas. 

Otro mostró menos interés y dijo que su posible encarcelamiento le daría igual dado que no cambiaría la estrategia oficialista en territorio bonaerense. Una tercera visión que también asusta a la Rosada es que la salida de Cristina del escenario electoral podría unificar al peronismo y complicarle la vida al Gobierno de cara a las elecciones de medio término.

Causa Vialidad.

El máximo tribunal se reúne para confirmar o no la sentencia a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la exmandataria. Según explicaron fuentes de la Corte Suprema, no es obligatorio que el fallo salga hoy. «Es una situación atípica», agregaron. La defensa de Cristina Kirchner, al igual que la del resto de los condenados, había presentado un recurso de queja para apelar la decisión de la Cámara de Casación Penal.

Profundizá.

Contexto.

Las condenas fueron dictadas en 2022 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2, donde los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso juzgaron el desvío de fondos e irregularidades en la asignación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz. El fallo fue confirmado en noviembre de 2023 por la Sala IV de Casación, integrada por Gustavo Hornos, Mariano Hernán Borinsky y Diego Barroetaveña.




Fuente: CORTA