Nacionales
El Gobierno nacional apelará el fallo judicial que suspende exploración offshore en el Mar Argentino

La Justicia de Mar del Plata ordenó suspender la exploración en las costas bonaerenses. Ambiente, Energía y la Procuración de la Nación apelarán la medida. Para Darío Martínez, la actividad que se pretende desarrollar «es segura, no contamina, no perjudica la fauna Marina».
La Justicia Federal de Mar del Plata ordenó el viernes la suspensión del proyecto de exploración petrolera a 300 kilómetros de las costas marplatenses al hacer lugar a una medida cautelar, la que será apelada por el Gobierno nacional a través del análisis del Ministerio de Ambiente, la Secretaría de Energía y la Procuración General de la Nación.
El titular del Juzgado Federal 2, Santiago Martín, hizo lugar a la medida cautelar impulsada por el intendente de General Pueyrredón (JxC), Guillermo Montenegro y organizaciones ambientalistas y ordenó la suspensión de la aprobación del proyecto de exploración petrolera que pasó por una instancia de Audiencia Pública en 2021.
De esta manera, el magistrado determinó frenar las tareas de exploración por parte de la petrolera estatal noruega Equinor en el mar en busca de reservas de petróleo, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.
Tras darse a conocer la medida judicial, esta noche el secretario de Energía Darío Martínez expresó que el Gobierno es «respetuoso de la Justicia, pero esto no es cosa juzgada», y se manifestó «convencido que la exploración y la producción offshore es segura, no contamina, no perjudica la fauna Marina».
«Por el contrario, genera recursos para el país y trabajo genuino y actividad económica para las localidades desde donde se opere el desarrollo de esta actividad», afirmó Martínez en declaraciones difundidas por su Secretaría.
El titular de la cartera energética, adelantó que en consecuencia «se apelará la medida y que los abogados del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Energía y la Procuración, están analizando el fallo, y preparando la presentación judicial correspondiente».
La tarea de exploración del lecho marino iba a ser llevado adelante por el consorcio de empresas que encabeza Equinor en sociedad con la petrolera nacional YPF y la angloholandesa Shell, en tres de los 18 bloques adjudicados en 2019 por los que las adjudicatarias comprometieron inversiones por casi US$ 800 millones.
La resolución judicial se enmarca en las presentaciones del intendente Montenegro, la Organización de Ambientalistas Autoconvocados y un particular contra la decisión del Gobierno Nacional de habilitar la campaña de adquisición sísmica offshore en las áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114 de la Cuenca Argentina Norte, dispuesta por Resolución 436/2021 del Ministerio de Ambiente.
El Gobierno el 30 de diciembre otorgó la Declaración de Impacto Ambiental y emitió la Resolución 436/21, que autorizó a las petroleras a realizar estudios de exploración sísmica en tres áreas offshore localizadas a más de 300 kilómetros de la Costa bonaerense.
En su resolución, el juez indicó que aceptaba la medida cautelar presentada en su momento por el intendente y ambientalistas por «el cumplimiento defectuoso de los estándares sobre información y participación que se desprenden de la legislación vigente y del Acuerdo de Escazú (Ley 27.566)».
También argumentó la falta de una instancia de consulta al Municipio de General Pueyrredón en el proceso de toma de decisión; y las falencias del Estudio de Impacto Ambiental derivadas de la insuficiente proyección sobre los impactos acumulativos de las exploraciones a realizarse sobre el Mar Argentino.
El juez Martín citó el Acuerdo de Escazú y recordó que “estas acciones deben realizarse ‘desde etapas iniciales del proceso de toma de decisiones, de manera que las observaciones del público sean debidamente consideradas y contribuyan en dichos procesos’”.
“No se vislumbran, en principio, acciones ‘proactivas’ que hayan tendido a poner en conocimiento de la población en general el proyecto de exploración hidrocarburífera en el Mar Argentino, y concretamente en las costas adyacentes a la ciudad de Mar del Plata, o al menos que ello haya sido a través de ‘medios apropiados’ (escritos, electrónico u orales)” de modo de “garantizar que el tema ingrese en la agenda pública con anterioridad a la toma de decisión gubernamental”
Fuente: La Opinión Austral
Nacionales
El estado de las rutas nacionales: obras frenadas, caída en la inversión y conflictos laborales

Desde que asumió la presidencia Javier Milei, los corredores viales nacionales sufrieron una reducción de la inversión pública en obras y mantenimiento. Además, en los últimos meses ocurrieron dos hechos clave para el futuro de rutas y autopistas: la intervención de Corredores Viales SA por parte del Gobierno y el fin de la concesión de Caminos del Río Uruguay que derivaron en conflictos laborales que todavía siguen en pie.
Por qué importa.
Según cifras oficiales, la red vial cuenta con cerca de 640.000 km de rutas, autopistas, autovías y caminos entre todas las jurisdicciones: Nación, provincias y municipios. De este total hay unos 38.000 km bajo la gestión de Vialidad Nacional, de los cuales solo el 10% es de alta transitabilidad: 1.500 km de autopistas y 2.300 km de autovías.
En números.
De 2023 a 2024, el Estado invirtió 43% menos en construir rutas, autopistas y autovías y de 2024 a 2025 la inversión cayó 34%, según datos de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública. En cuanto al mantenimiento y repavimentación, de 2023 a 2024 el Ejecutivo nacional invirtió 29% menos y de 2024 a 2025, 21% menos.
Pero.
El Estado nacional recauda, a través del Impuesto al Combustible (ICL), fondos destinados específicamente a obras viales y mantenimiento de rutas. En abril, el ICL aumentó 44% (Instituto Argentino de Análisis Fiscal).
En detalle.
La red vial nacional se divide en dos sistemas: uno estatal, gestionado por la Dirección Nacional de Vialidad y otro concesionado a empresas, que recaudan a través de los peajes. La principal empresa que gestiona el sistema vial es pública: Corredores Viales.
Qué pasó.
El 1° de abril, el Gobierno intervino Corredores Viales como paso previo a su privatización.
Los argumentos fueron que gran parte de los tramos «estaban en un estado malo o crítico» y que «los contratos de obra estaban paralizados». Esto cerró la puerta a sus empleados para discutir condiciones de trabajo y negociar paritarias.
Denuncia.
El Sindicato Único de Trabajadores de Peajes (SUTPA) denunció ante la Secretaría de Trabajo de la Nación irregularidades e incumplimientos en las condiciones laborales y de seguridad de todos los sectores de Corredores Viales y el retraso paritario desde enero, pero no hubo respuesta. Ante esto, el sindicato convocó a un paro en los 10 tramos de la empresa. Tres días después, en el marco de la medida de fuerza, la empresa echó sin causa a 117 trabajadores.
Además.
En paralelo, el 8 de abril venció la concesión de Caminos del Río Uruguay S.A (CRUSA), que mantenía las rutas 12 y 14 y 174, claves para la conexión con el MERCOSUR. Hoy están en manos del Gobierno Nacional – a través de Vialidad Nacional, porque todavía no lanzó la licitación para su privatización (aunque la habían anunciado para principios de abril), para que una nueva empresa se haga cargo. Mientras tanto, se levantó el cobro de peaje y con ello todos los servicios al usuario. Según CRUSA, algunas autoridades y organizaciones provinciales, esto pone en riesgo las mínimas condiciones de seguridad.
Conflicto.
A partir de este hecho, 500 trabajadores quedaron sin continuidad laboral y sin indemnización, con la empresa en convocatoria de acreedores y declarada en quiebra por la Justicia el 29 de abril. Para el SUTPA, «la empresa debe garantizar las indemnizaciones y el Estado asegurar que suceda». Para el Estado, «la solución es del sector privado». Para CRUSA «es imposible hacerle frente al pago de las indemnizaciones con la tarifa retrasada desde hace años, responsabilidad de Vialidad Nacional».
Fuente: CORTA
Nacionales
ANMAT prohíbe el uso de fentanilo en todo el territorio nacional

El ministerio de Salud informa y alerta a los establecimientos sanitarios que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohíbe el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de un lote de fentanilo inyectable por “desvío de calidad”.
La Disposición N° 3156/25 fue publicada en el Boletín Oficial. La ANMAT a partir de la notificación recibida de una institución hospitalaria privada de la provincia de Buenos Aires, sobre un presunto desvío de calidad del producto, titularidad de la firma HLB Pharma Group S.A, efectuó una investigación y en la inspección realizada en el elaborador se observaron incumplimientos a la Buenas Prácticas de Fabricación y Control.
Si bien la titularidad del producto cuestionado es detentada por HLB Pharma Group S.A., se trata de un producto de pequeño volumen en ampolla y por ello habría sido elaborado en las instalaciones de la firma Laboratorios Ramallo S.A.
Según lo informado en el reporte, presenciaron un brote de Klebsiella pneumoniae MBL y Ralstonia Picketti, microorganismos que no forman parte de la comunidad intrahospitalaria y del análisis de los casos descubrieron que los pacientes afectados habían recibido la administración de Fentanilo HLB.
El producto que se prohibió usar, comercializar y distribuir es: Fentanilo HLB / citrato de fentanilo, concentración 0,05 mg/ml, en la forma farmacéutica solución inyectable, frasco ampolla por 5 ml (presentación x 100 ampollas, según VMN); lote 31202, vencimiento 09/26; Certificado N° 53.100.
Asimismo, el reporte informó sobre la contaminación microbiana reportada en 18 pacientes por la administración del producto en cuestión, que se aplica a pacientes hospitalizados de alta vulnerabilidad a quienes el uso del producto contaminado puede acarrearles la muerte.
En consecuencia, los hechos reportados demostrarían a primera vista que se trataría de productos contaminados elaborados en un establecimiento con deficiencias en el cumplimiento de las Buenas Prácticas. Por ello no se puede asegurar que los productos se hayan fabricado en el mismo cumplan, en forma uniforme y controlada, con los requerimientos de seguridad y eficacia de acuerdo con las normas de calidad adecuadas al uso que se les pretende dar y conforme a las condiciones exigidas para su comercialización.
Fuente: Neuquén Informa
Nacionales
“Milei 2027”, la fake de Milei con El Eternauta: cómo es la imagen original

Javier Milei compartió hoy en sus redes sociales una captura falsa de la serie El Eternauta en la que se ve un grafiti que dice «Milei 2027».
En detalle.
«Gran descuido de Netflix. El apoyo del Javo es difícil de tapar», dice el tuit que compartió el mandatario en sus historias de Instagram. Sin embargo, la foto fue modificada digitalmente, según se pudo comprobar al compararla con la imagen promocional de El Eternauta. Además, según datos de Netflix, el rodaje de la serie fue desde mayo a diciembre de 2023. Es decir, si Milei asumió la presidencia en 2023, es poco probable que se haya hecho un escrito sobre una posible candidatura para el 2027.
La imagen real.

Además.
Distintos usuarios habían compartido en las redes sociales sus versiones del grafiti de esa imagen promocional de la serie basada en la novela gráfica argentina de ciencia ficción de Héctor G. Oesterheld.
Fuente: CORTA
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