El Gobierno oficializó hoy el bono de $70 mil para los haberes previsionales más bajos en noviembre, por lo que un jubilado de la mínima cobrará el mes que viene $322.798,48. Para conservar el poder adquisitivo que tenía en diciembre de 2023, estas jubilaciones deberían ser de $420.237, lo que implica una caída real de los ingresos de esta población de $97.439.

Las jubilaciones al inicio de la era Milei.

• El refuerzo a jubilaciones mínimas fue establecido por el Gobierno anterior a fines de 2023. En diciembre del año pasado, con la última actualización de la Ley de Movilidad Jubilatoria anterior, las jubilaciones mínimas pasaron a $105.715, que sumadas al bono de $55.000 alcanzaban los $160.713.
• La Ley de Movilidad Jubilatoria que regía a inicios del mandato de Javier Milei establecía aumentos trimestrales para los haberes previsionales. En la primera versión del proyecto de Ley Bases, el Gobierno intentó incluir la emergencia previsional y la suspensión de la aplicación de la fórmula vigente, que sería reemplazada por una potestad al Ejecutivo para brindar aumentos de forma discrecional. 

La motosierra previsional.

• Estos proyectos no prosperaron en el Congreso, y en marzo el mandatario estableció una nueva fórmula por decreto. La normativa establecía un aumento extraordinario de 12,5% para abril, y un ajuste mensual en línea con la inflación. Ese mismo mes, las jubilaciones aumentaron un 27,18% de acuerdo con la fórmula anterior y el bono pasó de $55.000 a $70.000, por lo que la mínima se elevó a $204.446. 
• En abril, comenzó a regir la nueva fórmula y se aplicó el aumento extraordinario, lo que llevó el haber mínimo a $171.283 ($241.283 con el bono, que se mantuvo en $70.000). En ese momento, las jubilaciones más bajas ya habían perdido $64.410 frente a la inflación acumulada entre diciembre y marzo, que fue del 90,21%. 

El nuevo cálculo y el congelamiento del bono.

La fórmula de Milei establece que tras el único aumento extraordinario de abril las jubilaciones se actualizan al ritmo de la inflación, lo que hace imposible que los haberes recuperen lo perdido entre diciembre y abril. Además, el Gobierno congeló el bono en $70.000. Esto produce que la mínima pierda mes a mes contra el aumento general de precios: 

• Si se toma en cuenta la inflación acumulada entre diciembre y septiembre según las cifras oficiales del Indec y se le suma para octubre el 3,4% que pronostica el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, para comprar las mismas cosas que se podían adquirir por $55.000 el último mes del año pasado se requerirán a inicios de noviembre $143.815,77. 
• En otras palabras, el bono que se otorga a las jubilaciones mínimas perdió $73.815,77 respecto a la inflación acumulada en lo que va del Gobierno de Milei.

La batalla por la fórmula.

Esta situación generó una reacción por parte de la oposición, que llevó al Congreso una nueva nueva fórmula previsional que sumaba a la actualización por inflación una compensación única del 8,1% y un incremento anual igual a la mitad del aumento salarial promedio por encima de la inflación. Por ejemplo, si a lo largo de un año la inflación fuera del 100% y la suba de los sueldos del 120%, el aumento extra para los haberes jubilatorias sería del 10%. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el gasto adicional de esta Ley era del 0,44% del PBI. La normativa, aprobada por amplio consenso en ambas cámaras, fue vetada por el presidente, quien a su vez consiguió los apoyos suficientes por parte del PRO y sectores del radicalismo para sostener el veto a nivel parlamentario.

El ajuste eterno.

El director ejecutivo de la Anses, Mariano de los Heros, anticipó a principios de mes durante su defensa del Presupuesto 2025 en Diputados que el bono se pagará durante todo 2025 y que se mantendrá en $70.000. 

La pérdida, en números.

• Hoy, el Gobierno oficializó el pago para noviembre, lo que llevará la mínima sin bono a $252.798,48 y con el adicional a $322.798,48. 
• Si se considera la inflación acumulada entre diciembre y octubre (según datos del Indec y del REM para el último mes), el básico debería ser de $276.426 sin bono y de $420.237 con bono para equipararse al incremento general de los precios. 
• Es decir, los jubilados de la mínima sufrieron una pérdida de $97.439 en lo que va del mandato de Milei.

Fuente: CORTA

El Gobierno introdujo ayer restricciones a la posibilidad de que afiliados de planes cerrados de obras sociales o prepagas accedan a descuentos o subsidios en recetas de medicamentos u órdenes de estudios realizadas por profesionales por fuera de su cartilla médica. En otra medida, el Gobierno permitió que las prepagas no acepten monotributistas.

Por qué importa.

Esto podría generar un flujo mayor de personas que recurran a las guardias de hospitales cubiertos por su obra social o prepaga, debido a que de ese modo no requieren de un turno médico para obtener la receta u orden con los descuentos o subsidios correspondientes.

Medida sobre monotributistas.

La Superintendencia de Servicios Salud (SSS) permitió en el Decreto 955/2024 que las prepagas no acepten como afiliados a los monotributistas y pequeños contribuyentes. Aun así, la medida no es retroactiva: aquellos adheridos al régimen con anterioridad que estén afiliados a una prepaga no se verán afectados. A partir del 1° de diciembre, entrará en vigencia un registro de aquellas prepagas que acepten a los monotributistas. Se llamará Agentes de Seguro de Salud para la Cobertura Médico Asistencial de Pequeños Contribuyentes. 

Planes abiertos y cerrados.

Los planes cerrados son aquellos que solo permiten consultar médicos de la cartilla de la obra social o prepaga del afiliado, mientras que los abiertos permiten consultar profesionales externos a las mismas por un precio, pero que luego se realice el reintegro de la misma con la presentación de la factura. Estos últimos planes suelen ser, además, más costosos que los primeros.

Medida sobre planes cerrados.

La Resolución 3934/24 no modifica las consultas médicas de planes abiertos o cerrados, sino que limita la posibilidad de que aquellos afiliados en planes cerrados reciban recetas u órdenes de estudios con descuentos o subsidios de parte de médicos fuera de su cartilla de la obra social o prepaga. 

Además.

La medida afectaría de lleno a los médicos independientes, que podrían recibir menos consultas debido a la falta de beneficios para órdenes y recetas.

Declaración.

«Esto va a ordenar el sistema. En prescripciones médicas hay una gran cantidad de recetas que no provenían de profesionales de la especialidad que el medicamento requería y que no consideraban la historia clínica del paciente. Incluso medicamentos que estaban en etapa experimental. Lo único que queremos es beneficiar al sistema y que sus beneficiarios estén preservados. No va a haber ningún tipo de complicación», declaró el vocero presidencial Manuel Adorni en conferencia de prensa.




Fuente: CORTA

A partir de las 11 se reunirá el plenario de las comisiones de Transporte y Presupuesto y Hacienda de Diputados para tratar la privatización de Aerolíneas Argentinas, algo que se discute bajo la presencia de tres proyectos y cuatro iniciativas. El Gobierno afronta el desafío de obtener el apoyo de la oposición dialoguista para conseguir el dictamen de mayoría. 

Por qué importa.

Actualmente La Libertad Avanza cuenta con el apoyo de su clásico aliado, el PRO, quien solicitó que el tratamiento se apure en comisiones en la última reunión en Casa Rosada. También contarían con el apoyo del MID, conducido por el exoficialista Oscar Zago, y de la Unión Cívica Radical, confirmaron fuentes parlamentarias a CORTA. Otros que podrían plegarse a la iniciativa serían los de la Coalición Cívica en caso de que el Gobierno ceda a las condiciones de su proyecto. Aun así, no es suficiente: la Casa Rosada requiere del apoyo de Encuentro Federal para conseguir los votos. 

Los proyectos.

Hay tres iniciativas presentadas. Una por el diputado de Pro Hernán Lombardi y acompañado por 14 compañeros de bloque, otra por el Ejecutivo en consonancia con la de su aliado, y una de la Coalición Cívica. La principal crítica que recibió la propuesta del Gobierno es que la privatización no se ajustaría a las condiciones de la Ley de Reforma del Estado, algo que desde la Coalición Cívica, y principalmente Juan Manuel López, consideran una condición base. 

Coalición Cívica.

El bloque de la CC plantea no solo que esté regida por esta ley, sino también que tenga las modificaciones que se introdujeron en la Ley Bases. Entre los aspectos más importantes de este proyecto se incluyen que el Ejecutivo lleve adelante las privatizaciones de forma transparente, preservando el interés económico del Estado y del mercado en general. «Se destacan la eliminación de la posibilidad de privatización por contratación directa, así como la supresión de diversas preferencias para adquirentes que otorgaban privilegios injustificados», explicaron en sus fundamentos.

Encuentro Federal.

Aun así, el mayor obstáculo del Gobierno pasa por el bloque conducido por Miguel Ángel Pichetto, quien hoy no se plegará al dictamen oficialista, sino que buscará uno propio. Nicolás Massot, su representante en el plenario, ya había advertido en la última reunión que necesitaban la definición de la metodología y el procedimiento detrás de la privatización. Hoy irán con una iniciativa propia: buscarán que solo se pueda vender el 49% de la compañía, algo que permitiría que el Estado posea las mayorías de las acciones de la compañía, algo similar al modelo YPF.  




Fuente: CORTA