El presidente Javier Milei apuntó ayer contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, después de que la jueza del Distrito Sur de Nueva York Loretta Preska le ordenara a Argentina que entregue el 51% de las acciones Clase D de YPF, y el mandatario provincial respondió que «recuperar YPF fue una de las decisiones más importantes de la historia reciente». 

La postura de Milei.

Después de que se le exigiera al Estado argentino que transfieran los fondos a los demandantes Burford y Eton Park por la nacionalización de YPF en 2012, Milei consideró ayer en X que se trata de «un fallo contra Kicillof» y recordó que fue el viceministro de Economía en 2012 cuando se aprobó la estatización de YPF en el Congreso con 208 votos afirmativos en Diputados y 63 en el Senado. 

Por otro lado, el presidente había anunciado en 2023 que su Gobierno crearía un nuevo impuesto llamado la «Tasa Kicillof» para pagar el juicio por la nacionalización de la empresa. «Así, los argentinos tendremos que pagar todos los años una determinada cantidad de dólares por el error monstruoso que él cometió», apuntó Milei. A su vez, cuando fue candidato propuso «racionalizar YPF para después venderla» porque «desde que se nacionalizó está bastante mal porque perdió el 90% del valor». 

Qué dijo Kicillof.

El gobernador consideró que se trata de un «disparate jurídico», advirtió que «lo más peligroso es que el propio presidente elija ponerse del lado de los poderes extranjeros y no del lado de los intereses nacionales que debe representar y proteger» y consideró que se trata de una «nueva agresión de los buitres, que cuenta ahora con la complicidad del topo en la Casa Rosada». 

En contexto. 

En el fallo, la jueza recordó que en 2012 el Gobierno argentino «ejerció control indirecto sobre el 51% de las acciones Clase D de YPF pertenecientes a Repsol» a través de la Ley 26.741, conocida como la Ley de Expropiación de YPF, que declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación del patrimonio de las acciones de Repsol. 

En aquel momento, el Gobierno argentino consideró que la compra de acciones del Grupo Petersen a Repsol fue fraudulenta y que el estatuto de la empresa iba contra la Constitución. Sobre la nacionalización de la petrolera, Kicillof opinó en El Método Rebord en 2023 y aseguró: «Hay una cuestión de soberanía en este caso. Con una mayoría tremenda se aprobó la recuperación de YPF usando la Ley de Expropiación y elementos de la Constitución». 

Además. 

El exviceministro de economía Emmanuel Álvarez Agis remarcó hoy en Radio Con Vos explicó que, con la privatización de YPF, «el Gobierno de Ménem escribió un estatuto que fijó que si el Estado recupera más del 49% del paquete accionario queda obligado a comprarle al resto de los accionistas a un valor compañía que era 4 veces mayor de lo que valía YPF en el mercado» y agregó: «Abogados del Estado y estudios jurídicos privados dictaminaron que ese estatuto se contradice con la Constitución, esa es la razón por la que el Estado entendió que con la expropiación no tiene que hacer una oferta al resto de los accionistas». 

También importa. 

Burford Capital, el demandante contra el Estado argentino que adquirió los derechos de las acciones de YPF del Grupo Petersen después de que el país nacionalizara la empresa, citó en su demanda de 2015 los dichos de Kicillof en el Senado cuando se debatía la expropiación de la petrolera: «los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto». 

A su vez, la jueza Preska lo mencionó en el fallo: «El señor Kicillof declaró descaradamente que sería ‘estúpido’ cumplir ‘la ley de la propia YPF’ o ‘respetar’ sus estatutos. Posteriormente, la República promulgó la legislación que, supuestamente, le permitió adquirir el control de YPF sin ser ‘estúpido’ y cumplir los estatutos».




Fuente: CORTA

Durante el fin de semana, Julia Mengolini denunció públicamente haber recibido hostigamiento en la red social X por parte de Javier Milei y sus seguidores. Consultado sobre el tema, el presidente consideró que cuando «les viene el vuelto no se la bancan». Hoy, el mandatario denunció en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 7 a la periodista por «injurias».

En detalle. 

En los últimos días, usuarios de X impulsaron una ofensiva contra la periodista Julia Mengolini, a quien acusaron de mantener una relación incestuosa con su hermano. Los ataques hacia la conductora se multiplicaron hasta que el propio Milei se hizo eco. 

El pasado sábado, el mandatario replicó un mensaje desde la cuenta @TommyShelby_30 que decía: «Una vez más, no se bancan el vuelto. Les gusta el durazno, pero no la pelusa». El tuit estaba acompañado por dos videos. Uno de ellos es de 2023, cuando Mengolini era panelista del programa Duro de Domar. «Más allá de las ideas políticas, es un señor que vive con ocho perros y está enamorado de su hermana», decía en ese momento la también abogada. El otro, más reciente, es un audio que compartió Nancy Pazos en su programa de C5N, en el que se la escucha a Mengolini expresar su angustia por la campaña de difamación. 

El presidente citó el tuit con las siglas «PN°10(E). Fin» que significa «percentil 10 excluido», refiriéndose a su otra abreviatura NOLSALP (No odiamos lo suficiente a los periodistas), donde incluye a 90% de los profesionales que él considera «ensobrados», «mandriles» y «basuras».

Hoy, Javier Milei denunció formalmente a Mengolini en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 7 por injurias contra su persona. 

Además.

Además del jefe de Estado, se sumaron a esta campaña de difamación otros dirigentes de La Libertad Avanza como la diputada nacional Lilia Lemoine; el jefe de bloque de Diputados libertarios en la Legislatura bonaerense, Agustín Romo; y la exfuncionaria Leila Gianni. 

Apoyo a Mengolini. 

Además del apoyo en redes sociales, ayer por la mañana, la fundadora de Futurock fue sorprendida en la puerta de la radio por un grupo de oyentes que se presentó para solidarizarse con ella. «Estoy muy emocionada, pasó algo que no había pasado antes», expresó Mengolini.




Fuente: CORTA

La jueza del Distrito Sur de Nueva York Loretta Preska le ordenó hoy al Gobierno argentino que entregue el 51% de las acciones Clase D de YPF a los denunciantes como parte de pago por la nacionalización de la petrolera y el presidente Javier Milei anunció que el Gobierno apelará la medida en todas las instancias.

En detalle. 

El fallo le exige al Estado argentino que transfiera el 51% de las acciones Clase D de YPF dentro de los próximos 14 día a «una cuenta de custodia global en el Banco de Nueva York Mellon para que transfiera los fondos a los demandantes Burford y Eton Park por la nacionalización de YPF en 2012. A su vez, la magistrada definió que con la expropiación Argentina violó dos secciones del estatuto social de YPF, ya que «nunca hizo una oferta pública de adquisición por las acciones de los demandantes». 

Qué dijo Milei. 

El presidente adelantó que Argentina apelará contra la decisión de Preska «para defender los intereses nacionales». A su vez, consideró que se trata de «un fallo contra Axel Kicillof» y remarcó que fue ministro de Economía en 2012 cuando se expropió YPF. «Pasaron más de 10 años y los argentinos seguimos sufriendo las consecuencias del peor Gobierno de la historia argentina», criticó el mandatario. 

Además.

La jueza recordó que, en 1993, Argentina decidió privatizar la petrolera, que el Gobierno actuó «en su calidad de accionista [de YPF] para modificar el estatuto social de la empresa e incluir protecciones para los inversores» y que en 2012 el Gobierno argentino «ejerció control indirecto sobre el 51% de las acciones Clase D de YPF pertenecientes a Repsol» a través de la Ley 26.741, conocida como la Ley de Expropiación de YPF, que declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación del patrimonio de las acciones de Repsol. 

En contexto. 

Preska ya había fallado a favor de los demandantes y el año pasado habilitó el pedido de embargo de U$S 16.000 millones contra el país para pagarle a los fondos Burford y Eton. Además, tambiéndeclaró a YPF y al Banco Central como posibles «alter ego» del Estado argentino y ordenó al país entregar información de los últimos 2 años para probar la relación con la petrolera después de que el Gobierno nacional se negara a entregar la documentación de los bienes por considerarlos no embargables. 

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