La administración de Gustavo Melella avanzó con una iniciativa que introduce cambios en el Código Fiscal y en la Ley 440, incorporando modificaciones en Ingresos Brutos y en el Impuesto de Sellos que ya despiertan inquietud por su posible efecto en el costo de vida.

Si bien en términos nominales las alícuotas no presentan variaciones significativas, la propuesta altera los criterios de cálculo, lo que en los hechos podría traducirse en una mayor carga tributaria para distintos sectores.

Uno de los aspectos más sensibles del proyecto —identificado como asunto 138-2026— es la suba del Impuesto de Sellos sobre los resúmenes de tarjetas de crédito y compra. La tasa se duplicaría, pasando del 6‰ al 12‰, impactando directamente en un instrumento de uso masivo.

En cuanto a Ingresos Brutos, la iniciativa no apunta a un incremento general de tasas, sino a una redefinición de qué se considera ingreso y de cómo se determina la base imponible. Este cambio podría derivar en que múltiples actividades terminen abonando más, incluso sin modificaciones en la alícuota.

Dentro del sector comercial, por ejemplo, las operaciones realizadas con sujetos no inscriptos pasarían a clasificarse automáticamente como ventas a consumidor final, sin posibilidad de prueba en contrario. Esto implicaría que transacciones actualmente encuadradas como mayoristas comiencen a tributar a niveles más altos.

También se plantean ajustes en las actividades de intermediación: la base imponible abarcará comisiones, bonificaciones y cualquier otro ingreso asociado. En rubros como el turismo, además, se establece una presunción mínima del 30% sobre el total facturado, elevando así el piso sobre el cual se calcula el impuesto.

Por otra parte, el proyecto endurece los controles sobre los alquileres temporarios. En los casos en que no exista inscripción en el registro correspondiente, se presumirá que la propiedad estuvo alquilada durante todo el período no prescripto, lo que podría generar una carga fiscal considerable.

En conjunto, la reforma amplía el alcance del sistema tributario al modificar la base de cálculo de los impuestos, lo que implicaría una mayor presión sobre el consumo, el comercio y los servicios, con impacto directo en los precios y en la vida cotidiana.

Aunque la discusión legislativa recién se inicia, el escenario que se proyecta es claro: un incremento en la presión impositiva en un contexto económico que continúa siendo desafiante para la población fueguina.

En medio de una creciente crisis de credibilidad en la representación gremial, el caso de Mary Loyola quedó en el centro de la polémica por un esquema que, lejos de responder a los trabajadores, expone un uso del Estado con fuerte impronta familiar.

Desde su rol como jefa de departamento, Loyola aparece vinculada a una estructura donde varios integrantes de su entorno directo ocupan cargos dentro del ámbito público. Entre ellos figuran su esposo y sus hijos, distribuidos en distintas áreas municipales y legislativas, lo que vuelve a poner bajo la lupa los criterios de ingreso y permanencia en el Estado.

El dato económico profundiza las críticas: los ingresos combinados del grupo familiar superarían los 7 millones de pesos mensuales. En un contexto de ajuste y reclamos salariales, la cifra alimenta cuestionamientos sobre el destino de los recursos públicos.

Más allá de los números, el caso reabre una discusión de fondo sobre la legitimidad de ciertos liderazgos. Mientras muchos trabajadores reclaman mejores condiciones y mayor representación, este tipo de situaciones refuerza la percepción de que algunos sectores utilizan la estructura estatal como un espacio de beneficio propio.

La polémica ya no se limita a nombres propios: instala un debate más amplio sobre el rol del Estado y sobre quiénes están realmente en condiciones de representar los intereses colectivos.

El Gobierno de Tierra del Fuego, a través del titular de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia, defendió la situación del puerto de Ushuaia al señalar que cuenta con una certificación vigente de seguridad emitida por Prefectura Naval Argentina.

Según explicó el funcionario, el puerto posee una “Declaración de Cumplimiento de Instalación Portuaria” válida hasta 2029, enmarcada en normas internacionales como el Código PBIP (ISPS) y el Convenio SOLAS, que regulan aspectos vinculados a la protección y control de accesos en instalaciones portuarias.

Sin embargo, especialistas consultados indican que este tipo de certificaciones se limita a cuestiones de seguridad operativa —como sistemas de vigilancia y control— y no evalúa el estado estructural de la infraestructura, como pilotes, muelles o áreas de carga.

En ese contexto, también se recordaron informes previos presentados ante el Consejo Federal de Inversiones, donde se advertía sobre un escenario crítico en el puerto, lo que abre interrogantes sobre la situación actual y las obras necesarias.

Además, se mencionó que el documento de certificación debió ser reemitido recientemente, lo que generó preguntas sobre su difusión y utilización en el debate público.

El tema reaviva la discusión sobre el estado de la infraestructura portuaria en la provincia y la necesidad de contar con evaluaciones técnicas actualizadas que permitan determinar su condición real.