El exsenador y actual titular del Instituto Patria, Oscar Parrilli, sostuvo que uno de los principales objetivos del peronismo de cara a las elecciones de 2027 debería ser revertir el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que confirmó la condena contra Cristina Fernández de Kirchner.

En declaraciones radiales, Parrilli cuestionó la decisión judicial y planteó que limita la posibilidad de que la exmandataria participe en futuras elecciones. También dirigió críticas al gobierno de Javier Milei, al que acusó de impulsar un escenario político adverso para la oposición.

El dirigente además vinculó la situación judicial de Fernández de Kirchner con un contexto más amplio que, según su mirada, afecta la calidad institucional y democrática del país. En ese sentido, mencionó el intento de atentado sufrido por la exvicepresidenta y cuestionó el desarrollo de la investigación posterior.

Parrilli afirmó que distintos sectores del peronismo trabajan en una campaña para cuestionar el fallo judicial y promover su revisión, tanto en el ámbito local como en instancias internacionales. Según indicó, el objetivo es que la dirigente pueda definir su eventual candidatura en el futuro.

Por otro lado, también hizo referencia a tensiones internas dentro del espacio, en particular con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, en un contexto donde el peronismo comienza a delinear su estrategia política de cara a los próximos años.

La interna dentro del oficialismo volvió a quedar bajo la lupa tras un encuentro social que reunió a dirigentes políticos y judiciales en la Ciudad de Buenos Aires. Según trascendió, la reunión se dio en el marco del cumpleaños del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y contó con la presencia del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, junto al juez federal Ariel Lijo.

El episodio generó repercusiones dentro de la Casa Rosada, especialmente por el contexto judicial que atraviesa el Gobierno, con causas vinculadas a Manuel Adorni y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) bajo la órbita de Lijo.

Al encuentro también habrían asistido legisladores nacionales y operadores del ámbito político y judicial, lo que alimentó especulaciones sobre posibles negociaciones en un momento sensible para el oficialismo. La situación cobra relevancia además por las vacantes pendientes en la Corte Suprema y la Procuración General, cargos que eventualmente requerirán acuerdos con gobernadores y senadores.

Este movimiento se suma a otras reuniones recientes entre referentes del Poder Judicial y funcionarios del Ejecutivo, en medio de las tensiones internas que atraviesan al espacio gobernante, particularmente entre los sectores cercanos a Karina Milei y Santiago Caputo.

Por el momento no hubo pronunciamientos oficiales sobre el encuentro, pero el episodio suma un nuevo capítulo al escenario político y judicial que rodea al Gobierno nacional.

El fuerte cruce de Javier Milei con el diario La Nación no sería un hecho aislado, sino parte de una estrategia más amplia que empieza a tomar forma dentro del oficialismo. Entre las ideas que circulan aparece un posible proyecto de ley para obligar a periodistas a presentar declaraciones juradas, en línea con las exigencias que rigen para funcionarios públicos.

La iniciativa también se vincula con el malestar generado por las críticas mediáticas hacia Manuel Adorni, especialmente por cuestionamientos sobre sus ingresos y gastos. Según trascendió, la propuesta ya comenzó a moverse en ámbitos oficiales e incluso llegó al Congreso, donde legisladores opositores fueron consultados informalmente.

En ese marco, algunos sectores del kirchnerismo habrían sido tanteados para evaluar un eventual respaldo, considerando sus propios antecedentes de confrontación con medios de comunicación.

El clima de tensión no es nuevo. Se alimenta de declaraciones del propio presidente y de acciones en redes sociales por parte de militantes digitales cercanos al Gobierno, incluyendo la difusión de datos personales de periodistas, una práctica que ya derivó en causas judiciales.

Desde la oposición anticipan un rechazo a la eventual iniciativa, al considerarla un intento de presionar al periodismo crítico y una señal preocupante para la libertad de expresión.

El conflicto se da en paralelo al impacto político del caso Adorni, que sigue presente en la agenda pública. En ese contexto, también se registraron restricciones a periodistas de ciertos medios para ingresar a la Casa Rosada, en medio de cuestionamientos al jefe de Gabinete y acusaciones sobre supuestos financiamientos externos que no fueron comprobados.

Mientras tanto, algunos periodistas afectados respondieron con ironía ante la posibilidad de presentar declaraciones juradas, minimizando el alcance de sus patrimonios y cuestionando el trasfondo de la medida.